domingo, 10 de noviembre de 2013

Los límites del asamblearismo

LA  DEMOCRACIA  PARTICIPATIVA  EN  LAS  ORGANIZACIONES  Y  LOS  LÍMITES  DEL ASAMBLEARISMO.

 Xavier Godás

La discusión sobre cómo encontrar un modelo de funcionamiento democrático dentro de las  organizaciones,  que  permita  el  máximo  de  participación  en  los  procesos  de  toma  de  decisiones, se mantiene vivo aproximadamente desde hace cuatro décadas. El debate surgió  con fuerza a partir de las ya míticas revueltas sociales de 1968, cuando se empezó a hablar de  los nuevos movimientos sociales, y posteriormente se ha ido extendiendo a otras formas de  organización  cívica  o  política.  Por  ejemplo,  es  algo  habitual  que  hoy  en  día  los  partidos  políticos progresistas compitan,  con  mayor o menor éxito, en mostrar a la ciudadanía sus  procedimientos democráticos internos.

Frecuentemente, esta discusión se ha presentado como una evolución desde una democracia  representativa hacia una democracia participativa, pero la confusión llega cuando intentamos  definir  qué  entendemos  por  democracia  participativa,  y  más  aplicada  a  la  manera  de  organizarse de asociaciones y movimientos.

Históricamente hablando, el origen del interés por neutralizar las relaciones autoritarias en las  organizaciones se encuentra en una autocrítica de la izquierda. Fijémonos en el hecho de que  los movimientos y las organizaciones políticas herederas de las reivindicaciones de finales de  los años sesenta del siglo anterior (por ejemplo, el ecopacifismo, el feminismo contemporáneo  o el movimiento autónomo) han sido ideológicamente agrupadas, tanto por activistas como  por científicos sociales, en enunciados tales como “nueva izquierda”, “izquierda alternativa”,  “izquierda libertaria” o “antiautoritaria” e “izquierda radical”.

A priori, resulta evidente que todos los enunciados señalados comparten dos ideas básicas:  una primera, que los nuevos movimientos sociales se inscriben en la tradición política de la  izquierda; y una segunda, que rechazan los componentes autoritarios que en ocasiones la han  marcado. La idea de fondo que unifica las otras dos es que los nuevos movimientos sociales  desarrollan una crítica a la democracia representativa, sobre la base del argumento de que no  garantiza  la  participación  sistemática  ni  el  control  de  la  ciudadanía  sobre  los  quehaceres  públicos.  Consecuentemente,  los  partidos  parlamentarios  son  percibidos  como  máquinas  burocratizadas,  de  bajo  o  nulo  contenido  democrático.  Más  concretamente,  estos  movimientos  consideran  insatisfactorio  el  método  de  movilización  política  propio  de  los  partidos de izquierda tradicionales, fundamentalmente el de los comunistas, porque entienden  que instrumentaliza las reivindicaciones populares.

Lo que se pretende enmendar son los paradigmas leninista y socialdemócrata de movilización  política,  es  decir,  los  provenientes  de  la  izquierda  de  buena  parte  del  siglo  anterior:  del  primero, se rechaza la idea de partido como organización de profesionales revolucionarios de  vanguardia, orientada instrumentalmente a la toma del poder; del segundo, se rechaza su  vinculación casi exclusiva a la gestión correctiva del capitalismo. La distinción entre la izquierda  y la derecha, empero, no deja de ser significativa.

Como contrapartida, los nuevos movimientos sociales se inclinarían por fórmulas organizativas descentralizadas y participativas, subrayando así el objetivo de autoorganizar la sociedad civil  por encima del propósito de tomar el poder. Notad, empero, que este objetivo genérico no  desconsidera la política en sí misma, sino que enfatiza su dimensión ético‐participativa contra  la concepción que la reduce a un simple ejercicio de correlación de fuerzas.

Esta voluntad de democratizar la acción política tiene la virtud de habernos obligado a fijar la  atención en las estructuras organizativas ‐tanto de los movimientos como de otro tipo de  organizaciones‐  y,  más  en  concreto,  en  el  procedimiento  de  toma  de  decisiones  que  las  definen. Ahora bien, la cuestión que nos interesa resolver es: ¿cómo decidir qué hacer sin que  alguien  en  particular,  o  un  grupo  reducido,  tome  decisiones  de  manera  más  o  menos  unilateral?

Algunos han pretendido resolver el problema atacando la existencia de cualquier órgano de  representación.  El  espacio  de  comunicación  para  contrarrestar  o  neutralizar  la  representatividad  radicaría  en  la  asamblea  plenaria.  Sus  defensores  más  destacados  promulgan  una  política  contra  toda  dirección  instituida:  se  trata  del  asamblearismo  o  democracia  directa,  que  se  opondría  al  supuesto  autoritarismo  de  la  democracia  representativa, a la vez que permitiría garantizar un considerable aumento de la capacidad  crítica  de  las  personas;  y  esto,  a  su  vez,  redundaría  en  un  mayor  convencimiento  en  el  momento de comprometerse en la acción.

Es necesario matizar que no nos estamos refiriendo a las asambleas como órganos de gobierno  de asociaciones, que tienen  un  mandato estatutario, eligen  unos cargos  y sancionan  unos  programas. Tales órganos  asociativos  se  complementan  con  unos  cargos  electos  y  unos  sistemas periódicos de rendición de cuentas al órgano u órganos ejecutivos. A lo que nos  referimos es a la asamblea plenaria como órgano único de decisión de un colectivo. Es el  modelo  del  asamblearismo,  que  hace  que  la  reunión  donde  se  reúnan  la  totalidad  de  los  componentes sea la única instancia con capacidad de decidir hasta su propia convocatoria.  Para evitar confusiones en este texto, a partir de ahora cuando hable de asamblea me referiré  a este órgano único de los movimientos asamblearios.

Frente a la propuesta de los movimientos asamblearios, nos debemos preguntar: ¿La asamblea  es condición suficiente para que sus integrantes dispongan de capacidad crítica? ¿Y permite,  en cualquier situación, asegurar la eficiencia de la acción? Con relación a ambas cuestiones, en  lo  que  sigue  consideraré  los  aspectos  positivos  del  asamblearismo,  y  luego  me  aplicaré  a  indicar algunas de sus consecuencias negativas.



ORGANIZACIONES RADICALMENTE DEMOCRÁTICAS

Joyce  Rothschild‐Whitt  explica  muy  bien  qué  implica  el  asamblearismo  en  el  terreno  organizativo. Rothschild‐Whitt estudia las organizaciones que se caracterizan por rechazar la  justificación  de  la  autoridad  de  que  se  desprende  de  los  órganos  representativos,  y  las  denomina  “democrático‐colectivistas”.  Veamos  cuáles  son  sus  dos  características  fundamentales.
Característica  primera:  no  hay  autoridad  fuera  de  la  asamblea.  En  las  organizaciones  de  carácter  asambleario,  la  autoridad  no  deriva  de  individuos  particulares,  sean  funcionarios,  expertos o dirigentes formalmente instituidos, sino del conjunto de miembros comprendidos  en la organización. Esto presupone que éstos aprendan a autodisciplinarse de manera que se  desarrolle una dinámica de grupo cooperativa, sin que sea necesario el establecimiento de  posiciones jerárquicas en la organización. Al no existir relaciones jerárquicas, las decisiones  tomadas son legítimas sólo si surgen de un proceso deliberativo igualitario, un proceso que  requiere para llegar a alguna conclusión de un consenso sobre las decisiones a tomar. De  acuerdo con el modelo, quedan poco definidas las situaciones sobre las que se deben tomar  acuerdos:  tanto  las  decisiones  como  las  operaciones  que  se  tengan  que  efectuar  deberán  considerar en cada momento la particularidad del caso tratado. De esta manera, se pretende disminuir los ámbitos de la actividad organizacional sujetos a reglas de gobierno explícitas que  puedan estandarizar la toma de decisiones.

Característica segunda: el método es también la finalidad. El proceso deliberativo igualitario  implica  que  el  funcionamiento  interno  de  la  organización  tenga  como  guía  principal  la  orientación a un valor supremo, que delimita las convicciones morales de los participantes. En  este contexto, la estructura de la organización tiende a la horizontalidad. Fijémonos en algunos  de  sus  rasgos  más  importantes.  Uno:  la  minimización  de  cualquier  tipo  de  diferenciación  interna, según el objetivo de bloquear las tendencias a la jerarquización de posiciones (y se  enfatiza,  especialmente,  la  desdiferenciación  entre  trabajo  manual  e  intelectual).  Otro:  los  procedimientos de rotación en las posiciones que impliquen una relativa concentración de  responsabilidad o protagonismo individual, como las de portavoz, delegado o coordinador.  También, el establecimiento de equipos de traba (“comisiones”, en lenguaje activista) dentro  de las cuales todo el mundo es responsable por igual de la tarea a realizar. Y finalmente, la  “desmitificación” del conocimiento especializado y el intento de difundirlo entre el grupo. En  relación con el tipo de miembros que buscan estas organizaciones, lógicamente se valoran las  cualidades congruentes con la orientación de valor de la organización en sí, y se conjuga la  capacidad de iniciativa con un espíritu colaborador en tanto que cualidad excelente. Sobre esta  base,  se  trabajan  atributos  tales  como  las  habilidades  de  coordinación,  organización  y  dinamización de grupos a partir de procedimientos no imperativos.
En  resumen,  para  lo  que  aquí  nos  interesa,  la  característica  crucial  que  unifica  las  dos  precedentes sería que las organizaciones asamblearias constituyen un fin en sí mismas: el  sistema de relaciones que se establece en su interior sigue los mismos preceptos normativos  que las formas alternativas de organizar la sociedad que propone el grupo. El lema podría ser:  “no  vale  declarar  que  se  aspira  a  la  igualdad  y,  en  cambio,  establecer  organizaciones  autoritarias”. Los partidos comunistas de buena parte del siglo XX constituyen un ejemplo  claro de las incongruencias que las organizaciones asamblearias pretenden evitar.
A priori, pues, el aspecto más positivo del funcionamiento de los movimientos asamblearios es  su carácter pedagógico: si la información fluye por el conjunto de la organización y circula  horizontalmente,  entonces  la  asamblea  proporciona  la  posibilidad  de  discutir  fundamentalmente, participar críticamente en la toma de decisiones, comprender cabalmente  la  complejidad  de  las  problemáticas  tratadas.  El  resultado  más  preciado  del  proceso  asambleario  es  que  refuerza  el  convencimiento  de  los  implicados  sobre  la  acción  que  desarrollan, y lo que es todavía más importante: consolida la democracia como un referente  político ideal, tanto como valor a seguir como en su vertiente procedimental.

Ahora bien, el asamblearismo como método de toma de decisiones también tiene sus límites,  que debemos considerar para tenerlos en cuenta. Uno de preliminar es el más evidente: no  puede haber democracia directa cuando el colectivo es demasiado grande como para que en el  debate puedan participar todos. Un grupo de muchos miles de personas, por ejemplo, no  puede  formar  una  asamblea  donde  se  tenga  en  cuanta  el  parecer  de  cada  una.  Más  específicamente,  destacaré  tres  límites.  Los  dos  primeros  tienen  que  ver  con  condiciones  equívocamente asamblearias, es decir:

(a) cuando nos encontramos en un escenario donde se ejercen relaciones de poder  opacas, o

(b) cuando la asamblea acaba limitando las capacidades y neutralizando el carácter  proactivo de determinados participantes. Finalmente, el tercero de los límites pone  encima de la mesa un problema recurrente:

(c) ¿es posible mantener sin restricciones el funcionamiento asambleario cuando las  personas implicadas en la acción son muchas?


Con  todo  querría  llegar  a  dos  conclusiones:  el  asamblearismo  no  agota  las  relaciones  democráticas ni constituye el paradigma de la democracia participativa, sino que es una parte  de la misma; y además, el proceso asambleario no se libra de contener en ocasiones dinámicas  paradójicamente antidemocráticas.

LIDERAZGOS OPACOS CONTRA LIDERAZGOS LEGITIMADOS

La primera limitación del asamblearismo nos permite abordar un tema que la izquierda no ha  sabido tratar desdramatizadamente: el del liderazgo. Parece evidente que en todo tipo de  acción colectiva hay personalidades que, por un motivo u otro, destacan por determinadas  cualidades, sea por los conocimientos que tienen, por una alta capacidad organizativa y de  trabajo, o porque presentan una alta sociabilidad. Pero también hay individuos que destilan  con  naturalidad  una  cualidad  complementaria,  aunque  bastante  más  intangible  que  las  precedentes: el carisma.  Los individuos carismáticos pueden reunir todas o algunas de  las  cualidades de la dinámica de grupos que facilitan la acción, pero el hecho de que destaquen  radica en su capacidad emprendedora, imaginativa e influyente. ¿Quién  no ha conocido a  alguien que sabe cómo organizar una discusión, facilitar los consensos y los acuerdos, o que  transmite confianza mostrando siempre su presencia en la primera línea de acción?

En una relación democrática es ineludible el control del colectivo sobre las personalidades  influyentes, que se fundamenta en extender entre los miembros del grupo la actitud crítica y  en  la  circulación  horizontal  de  la  información.  Esta  actitud  facilita  que  quien  presenta  cualidades  de  liderazgo  se  vea  obligado  a  saber  delegar  y  dejarse  controlar,  a  la  vez  que  contribuye positivamente a la dinámica de grupo gracias a sus cualidades preactivas. Estamos  hablando del liderazgo legitimado por el colectivo. Desde este punto de vista, resulta más  positivo “institucionalizar” las diferentes tareas de mando de la acción colectiva que negarlas.  Si existen las figuras del portavoz, del coordinador o del responsable de la comisión de trabajo,  por poner algunos ejemplos, al grupo le resultará más fácil controlar a los que desarrollan tales  tareas: les podrán pedir cuentas o, si se da el caso, substituirlos. La excelencia democrática de  los  órganos  de  representación  deriva  de  la  base  consensual  de  la  autoridad,  que  en  este  sentido denota legitimidad para ostentar el cargo y capacidad para desarrollar las tareas que  se le asocian.

Vale la pena aclarar, no obstante, que el tema del liderazgo es complejo y de difícil discusión  desde  la  óptica  asamblearia,  ya  que  se  cree  incorrecto  asumir  la  función  de  tales  personalidades en el marco de un grupo. El problema se puede formular muy sintéticamente:  si asumimos la existencia de líderes, entonces no todos somos iguales. Esto se vive mal, hasta  el punto de que determinadas asociaciones o movimientos sociales, al mismo tiempo que  niegan  directamente  la  función  del  liderazgo,  paradójicamente  facilitan  el  surgimiento  de  situaciones antidemocráticas que bloquean el proceso asambleario. Voy a explicarme.
Cuando  se  niega  de  forma  “oficial”  que  haya  personas  más  influyentes  que  otras,  lo  que  generalmente  se  consigue  es  substraer  del  control  colectivo  a  aquellos  individuos  que,  visiblemente, determinan la dinámica de la acción colectiva. Ahora bien, en lugar de generar

más democracia interna, cuando esto sucede resulta fácil establecer relaciones de dominación  que minan el carácter democrático de la asamblea; porque la dominación, que en semejantes  situaciones se da aunque se niegue, se vuelve opaca en su forma exterior, mientras que en el  fondo puede llegar a ser asfixiante. La supuesta ausencia de liderazgo permite que las riendas  de la dinámica grupal acaben en manos de alguien difuso sobre quien resulta difícil incidir.  Hablamos del liderazgo opaco de una persona o personas que, con la excusa del todos somos  iguales, puede controlar información y no difundirla, y puede jugar instrumentalmente con las  personas que componen el colectivo según el propósito de perseguir sus propios objetivos e  intereses ‐incluidos los de reconocimiento‐. En síntesis, la negación en el ámbito discursivo de  la existencia de liderazgos puede llevar, contra lo que en principio se pretende, a la utilización  de una posición de poder no reglamentada por el grupo, y que no necesariamente tiene que  ser bondadosa por el hecho de surgir de un marco asambleario.

Fijémonos, pues, en un detalle interesante: en el marco de una asamblea puede darse una  relación democrática o autoritaria. A diferencia de lo que señalábamos en el caso del liderazgo  legitimado, un proceso asambleario puede implantar un liderazgo opaco que comporte una  relación  autoritaria,  incontrolable,  un  liderazgo  de  hecho  basado  en  cafés  y  cenas  con  individuos,  seleccionados,  mantenido  gracias  al  control  de  la  información  que  no  se  hace  circular.

Dicho llanamente: si se desestima la institucionalización de órganos de representación, por  mínimos  que  sean,  el  proceso  asambleario  depende  absolutamente  de  la  buena  fe  de  las  personalidades influyentes. Estaremos de acuerdo, sin embargo, en que la democracia es un  bien suficientemente valioso como para que no tenga que  depender absolutamente de la  buena o mala voluntad de los individuos. Es necesario tener en cuenta que los liderazgos  opacos que generan relaciones de dominación a veces son difíciles de resolver, porque por  regla general traban el ejercicio de su poder en una malla de relaciones personales que puede  llegar  a  incluir  el  ámbito  de  la  intimidad.  Aun  más,  si  la  función  opaca  del  líder  deviene  hegemónica, la dinámica del grupo puede empeorar y caer en un modelo de funcionamiento  parecido al de una secta. Esta condición es perceptible cuando el colectivo, siguiendo los pasos  de alguien, abandona la actitud crítica y autocrítica, delega la propia capacidad de pensar en la  de  otra  persona,  adopta  una  actitud  vigilante  en  relación  con  los  demás  sobre  su  actitud  respecto  de  las  personas  influyentes,  o  “traduce”  líneas  de  pensamiento  complicadas  en  simples consignas o ideas esquemáticas y dogmatizadas.

¿TODO EL MUNDO ES IGUAL EN LA DINÁMICA ASAMBLEARIA?

Otro problema es que cuando la retórica antiautoritaria demoniza la existencia del liderazgo  legitimado,  es  decir,  de  la  persona  dinamizadora,  preactiva,  que  quiere  y  puede  asumir  responsabilidades, se puede dar una situación en la que aquellas personas con cualidades de  liderazgo  decidan  autocontenerse  por  temor  a  parecer  interesadas  o  con  afán  de  protagonismo.  Así  se  bloquean  aportaciones  que  podrían  ser  altamente  positivas  para  el  funcionamiento del grupo. Si la capacidad de iniciativa llega a estar demonizada, el grupo toma  una orientación que puede bloquear el proceso de toma de decisiones y la acción misma. Las  discusiones  se  trivializar  y  la  ausencia  de  responsabilidades  delimitadas  deshace  el  compromiso  individual  en  relación  con  los  demás.  En  tales  situaciones  se  acostumbra  a  generalizar un ideal igualitarista ingenuo que no discrimina entre las diferentes habilidades de  los miembros del grupo.

Por  otra  parte,  el  asamblearismo  capta  bastante  mal  las  desiguales  condiciones  de  los  potenciales  participantes  en  la  asamblea.  Para  que  la  participación  pueda  calificarse  de
democrática  hay  que  tener  en  cuenta  las  desiguales  disponibilidades  de  los  miembros  del  grupo,  dadas  las  diversas  condiciones  de  vida  que  acostumbran  a  tener  las  personas.  Principalmente, hay que facilitar la participación de aquéllas que disponen de menos tiempo  para  implicarse.  Generalmente,  situaciones  como  la  jornada  de  trabajo  o  las  obligaciones  familiares imposibilitan una implicación más estrecha de algunos individuos con relación a  otros.

Si la asamblea es el único órgano de decisión, se puede generar la situación de que quien más  horas esté dispuesto a estar sentado en una reunión si orden del día preestablecido, más  capacidad de incidencia tenga. Se genera así la paradoja según la cual en los procesos de toma  de decisión únicamente pueden participar de forma sistemática individuos relativamente libres  de otros compromisos, mientras que se desmerecen aportaciones menores de personas con  escasas posibilidades horarias.

Por  otra  parte,  vale  la  pena  decir  que  el  mito  del  “basismo”,  de  la  espontaneidad  en  el  momento de actuar, no presenta ninguna alternativa a la política convencional porque resulta  extremadamente ineficaz. El espontaneísmo es la antipolítica, la idea ingenua según la cual la  organización  y  cualquier  órgano  de  representación  destruyen  la  capacidad  creativa  de  los  movilizados.  Fijémonos  en  la  evidencia  histórica  de  que  todos  los  movimientos  sociales  siempre estuvieron eficazmente organizados, desde el movimiento norteamericano por los  derechos  civiles  hasta  las  movilizaciones  europeas  contra  la  proliferación  de  armamento  nuclear de los años ochenta del siglo anterior. El mayo de 1968 en Francia o las movilizaciones  contra la guerra del Vietnam en los Estados Unidos contaban entre sus filas con decenas de  organizaciones que facilitaban las movilizaciones. Hoy mismo, es cosa de risa que los medios  de comunicación insistan en afirmar el carácter espontáneo de las grandes manifestaciones  contrarias a la guerra de Irak, cuando en Barcelona, por ejemplo, la Plataforma que las ha  impulsado ha constituido, en la práctica, el ámbito de coordinación de más de doscientas  organizaciones de todo tipo.

Hay que superar el mito según el cual, contrariamente a las organizaciones estructuradas,  estos movimientos salen “de la calle” a partir de ciudadanos anónimos, como por generación  espontánea. Así, en el caso de la protesta contra la guerra de Irak, la mayoría de personas  dinamizadoras  de  las  movilizaciones  centrales,  o  bien  son  responsables  de  otras  organizaciones,  o  bien  son  antiguos  dirigentes  de  algunos  movimientos  desarrollados  anteriormente.

ASAMBLEARISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Vamos ahora a tratar el tercero de los límites que indicábamos, los problemas de ineficiencia  del asamblearismo cuando desarrolla la acción frente a un público ciudadano con el propósito  de recabar apoyos. Fijémonos, por ejemplo, en un dilema que aparece sistemáticamente en la  dinámica de los movimientos sociales. El impacto o éxito de una determinada campaña es la  consecuencia de la capacidad cuantitativa y cualitativa de movilización ciudadana conseguida.  Pero frecuentemente el incremento del número de participantes en las acciones no guarda  una relación automática con la total asunción, por parte de éstos, ni del discurso de base del  movimiento ni del conjunto de sus métodos. Entonces, debe hacerse frente a la opción de  “pragmatizar” tanto el discurso como las decisiones prácticas, a fin de aumentar el número de  participantes, o bien mantenerlos sin alteraciones para garantizar una relación de congruencia  bien trabada entre las finalidades que se declaran y lo que se realiza en la práctica.

Fijémonos en los siguientes dos ejemplos para verlo más claro. El movimiento de objetores  insumisos planteó acabar con el servicio militar sin contar exclusivamente con sus propias  fuerzas:  desarrolló  una  tarea  intensa  para  extender  el  mensaje  antimilitarista  entre  la  ciudadanía,  como  también  negoció  con  otras  organizaciones,  incluidos  los  partidos  parlamentarios, con el propósito de favorecer sus objetivos. El movimiento squatter u okupa,  en  cambio,  presenta  como  prioridad  defender  “espacios  liberados”  de  la  especulación  inmobiliaria, donde sus ocupantes puedan realizar sin restricciones sus inquietudes ideológicas  o estilos de vida; pero por regla general, parten de posturas absolutamente innegociables que  les dificultan la relación con otros actores sociales.

Ambas opciones ‐que, con mucha simplificación y un poco de broma, podríamos caracterizar  como “pragmática” y “congruente”‐ en el momento de actuar tienen efectos diferentes en su  estructura organizativa, efectos que determinan el grado en que el procedimiento asambleario  de toma de decisiones constituye un método operativo.

La opción primera, la del “pragmatismo”, presenta resultados organizativos suficientemente  conocidos: a mayor número de participantes en un movimiento social, toman más importancia  los  aspectos  organizativos  formales;  es  decir,  aumenta  la  necesidad  de  algún  sistema  de  representación, así como de un mayor grado de disciplina interna vinculada a las tareas de  coordinación que requieren las relaciones democráticas basadas en el consenso asambleario.  Ciertamente,  tanto  la  comunicación  horizontal  como  la  toma  de  decisiones  por  consenso  producen  un  elevado  grado  de  compromiso  moral  con  el  grupo,  así  como  una  mayor  adaptación de éste a las soluciones de problemas complejos; pero el proceso decisional resulta  lento, hasta el punto de que se da el peligro de bloquear el potencial de movilización. Por lo  tanto, la cuestión relevante sería: ¿estamos substancialmente de acuerdo en lo fundamental  como para que las decisiones que se tomen en el día a día puedan recaer en algún tipo de  órgano de representación?

La  opción  segunda,  la  de  la  “congruencia”,  presenta  el  problema  de  que  el  modelo  del  consenso,  en  condiciones  de  movilización  política,  produce  un  efecto  con  un  potencial  democrático discutible: la generación de situaciones donde se neutralizan las diferencias de  opinión para no hacer peligrar la actividad que se lleva a término. Dicho de otra manera: el  impulso sostenido de la acción unificada únicamente es posible si los individuos están a priori  substancialmente de acuerdo en todo. Esta segunda opción garantiza, en principio, una mayor  capacidad de combate que la primera, pero tendría como probable consecuencia que el grupo  tomase un carácter exclusivo o autorreferencial, que expresase más un ideal de vida que una  actividad  política  orientada  al  cambio  social.  Aquí  la  cuestión  relevante  sería:  ¿qué  es  prioritario, conseguir los cambios sociales que se proclaman o mantener intacta nuestra idea  de las relaciones grupales?

En síntesis, el dilema quedaría expresado de la siguiente manera: el “peligro” de la opción  “pragmática” radicaría en crear una lógica organizacional no plenamente asamblearia, aunque  adquiriendo una mayor capacidad de respuesta en un entorno político dinámico; mientras que  el  “peligro”  de  la  opción  “congruente  se  expresaría  en  el  hecho  de  que  probablemente  resultará  ineficaz  una  organización  de  la  acción  colectiva  que  esté  muy  ajustada  normativamente a las finalidades declaradas, no obstante el alto nivel de combatividad que  pueda ofrecer. Pero, hay que decirlo, el movimiento de objetores insumisos (que en ningún  caso puede ser calificado de moderado, “reformista”, o no suficientemente democrático en lo  que respecta a sus objetivos y relaciones internas) fue un factor decisivo en la superación del  sistema  de  levas,  aunque  el  militarismo  no  haya  desaparecido  de  escena;  en  cambio,  la  influencia del movimiento ocupa para neutralizar la especulación inmobiliaria es, hoy por hoy, muy residual, aunque se haya producido en alguna medida una discusión pública en relación  con el problema de la vivienda.

CONCLUSIÓN: LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA BIEN ENTENDIDA

Llegados a este punto, propongo retener del conjunto de lo dicho la siguiente conclusión. La  deliberación  asamblearia  constituye  un  principio  democrático  ineludible  que  ninguna  organización que se considere a sí misma democrática puede omitir. Esto significa que todos  los miembros de una organización deben poder participar del proceso de toma de decisiones,  incluida la deliberación. Las asambleas como órganos de gobierno de las asociaciones tienen  esta función, permiten a todos los miembros participar y están reguladas por unas normas que  dan  garantías  a  los  participantes.  Igualmente,  estas  normas  deben  garantizar  también  el  rendimiento de cuentas de las personas elegidas para llevar a buen puerto una responsabilidad  dada.

Los sistemas de participación democrática necesitan de una revisión constante, razón por la  cual resulta necesario seguir profundizando en métodos que permitan un mayor acceso a la  información, una participación más plena en los procesos deliberativos y una mejor capacidad  de  respuesta  a  retos  inmediatos.  Las  nuevas  tecnologías  están  siendo  ya  un  laboratorio  interesante para profundizar en estas vías.

Ahora bien, profundizar en el funcionamiento democrático de una organización no significa  extender el método asambleario a toda dinámica que ésta pueda genera. Llegar a acuerdos  gracias a un proceso deliberativo bien informado es importante en el momento de fijar el  programa  general  de  actuación  y  tomar  decisiones  que  afecten  el  carácter  moral  de  la  organización. Pero la dinámica cotidiana de la organización debe seguir criterios de eficiencia y  eficacia  si  pretende  favorecer  algún  tipo  de  cambio  social,  y  no  rediscutir  de  nuevo  lo  ya  discutido y aprobado según un proceso circular que conduce al bloqueo de la acción. Es en  este  sentido  que  los  órganos  de  representación  adquieren  relieve:  no  substituyen  la  deliberación  asamblearia,  sino  que  la  concretan  dotándola  de  eficiencia.  La  democracia  participativa debe ser, en alguna medida, un punto intermedio, dinámico, entre la democracia  representativa estricta, donde la participación se reduce a la votación y la delegación, y el  asamblearismo sistemático y sin restricciones, donde algunos pueden mandar efectivamente  sin tener que rendir cuentas a nadie.


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