martes, 27 de mayo de 2014

Historia y cuestiones principales de la España republicana

Historia de la Segunda República Española

Celina Ribechini


La tarde del 13 de abril de 1931 al conocerse el resultado de las elecciones municipales, celebradas la víspera, en Madrid la gente se echó a la calle demostrando su entusiasmo. Obreros, empleados y estudiantes abandonaron sus ocupaciones para vitorear a la República. Se expresaban sentimientos de ilusión y de esperanza, de dejar atrás un régimen caduco que no presentaba soluciones a los grandes problemas que exigía la sociedad, que aportara conciencia social, tolerancia y lucha por la libertad.

En Eibar a las siete de la mañana del día siguiente la bandera tricolor ya ondeaba en el balcón de su ayuntamiento. Era el primer municipio que proclamaba la República. Al anochecer de ese mismo día el nuevo régimen se hacía realidad en toda España. Su Majestad el rey, Alfonso XIII, abandonaba Madrid.
A la República se le presentaba un difícil cometido. Tenía ante sí muchos frentes abiertos: un Ejército poderoso, una Iglesia estatal influyente y latifundios que hacían difícil la existencia de una sociedad progresiva y democrática. Desde el primer momento contó con la oposición y la presión de las fuerzas de una derecha conservadora que consideraba que el cambio suponía una tragedia que conduciría a España a la revolución social, y de una izquierda radical que veía en el nuevo régimen un gobierno anticuado, reliquia de un proceso histórico.

Por ello la euforia que despertó su pronunciamiento tuvo su contrapartida. La Iglesia lo consideró como una desgracia. La mayoría de clérigos y obispos reaccionaron con pesimismo ante una República celebrada en las calles por el pueblo. De igual parecer eran los terratenientes ennoblecidos y muchos industriales y financieros con título nobiliario. Perdieron de golpe al rey, su fiel protector, al que muchos de ellos abandonaron como abandonaron a España poniendo a buen recaudo sus capitales, retirándolo de sus cuentas bancarias para asegurarlo en el extranjero. Mientras los trabajadores de la tierra que poblaban las zonas de latifundios de Andalucía, Extremadura y La Mancha movilizados por socialistas y anarquistas bajo la bandera del reparto y la colectivización mostraron al principio una notable confianza en que la República sería capaz de liquidar los excesivos privilegios de clase. No obstante no iba a pasar mucho tiempo sin que serios disturbios rompieran el orden público y socavaran las esperanzas de quienes pusieron sus esperanzas en el nuevo régimen.

El primer choque serio lo tuvo el gobierno republicano con la jerarquía eclesiástica de la Iglesia española. A pesar de las advertencias recibidas desde el Vaticano que recomendaba a los obispos españoles: “que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común”, el cardenal Segura, entonces arzobispo de Toledo, Primado de España, el 1 de mayo publicó una pastoral en la que hacía un caluroso elogio del destronado Alfonso XIII, “quien a lo largo de su reinado supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores”.

Pero estas declaraciones que tensaban las relaciones entre la Iglesia y el Estado se complicarían aún más con los acontecimientos sucedidos en Madrid entre el 11 y 12 de mayo. Días antes el marqués de Luca de Tena se había entrevistado con Alfonso XIII en Londres. A su regreso ultimó con otras personas la creación de un Círculo Monárquico Independiente en Madrid. En el periódico ABC se publicaba su apertura e inauguración en un local sito en la calle de Alcalá 67. En el acto tomaron la palabra diversos asociados. Los ánimos se caldearon. Se puso un disco con la Marcha Real los más exaltados salieron al balcón dando vivas al Rey y lo prosiguieron en la calle lo que propició la réplica de un taxista que fue agredido por los monárquicos. El numeroso público que volvía entonces del concierto dominical del Retiro se posicionó a favor del taxista terminando en una fuerte reyerta de manifestación popular con la consecuencia de la quema de varios de los coches de los monárquicos allí reunidos.

Al correr la tarde las cosas se fueron complicando. Varios centenares de personas se dirigieron hacia el del edificio del ABC en la calle Serrano con ánimo de asaltarlo. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, dio órdenes a la Guardia Civil para que protegiese el edificio y se produjo un choque violento. Varios manifestantes resultaron heridos por armas de fuego y muertos el portero de una casa situada frente a ABC y un muchacho de trece años.

La indignación popular subió a tal punto que, poco después, más de 5.000 personas se concentraban en la Puerta del Sol frente al ministerio de Gobernación pidiendo la dimisión del ministro y la disolución de la Guardia Civil. Toda la noche permanecieron en la plaza grupos dispersos. Aún hoy es el día que se sigue sin poder aclarar de quien partió la iniciativa, pero muy de mañana ardía el convento de los jesuitas de la calle de la Flor junto a la Gran Vía, continuando los incendios a otros conventos e iglesias en Madrid. En Levante y Sur de España se propagó una explosión de ira anticlerical que afectó a cerca de un centenar de edificios eclesiásticos que fueron incendiados. En algunas provincias la violencia se dirigió también hacía periódicos que representaban a la oligarquía y a casinos y círculos recreativos considerados como centros de reunión de “señoritos”.

El significado principal de esos acontecimientos es que se produjeron al mes escaso de proclamarse la República y que en la memoria colectiva de muchos católicos quedaron grabados como el primer asalto contra la Iglesia por parte de una República laica y anticlerical, un ensayo general de la catástrofe que se avecinaba. La actitud del Gobierno provisional fue tachada de tibia, para algunos la República estaba en manos de ateos y masones. Lo sucedido tuvo graves consecuencias, perturbó conciencias y puso fin a la ilusión y al júbilo con que se había recibido al nuevo régimen que sólo podía mantenerse si disponía de una base social y una legitimidad democrática.

Se hacia urgente dotar a la República de una Constitución. El Gobierno provisional convocó elecciones generales a Cortes Constituyentes que dieron comienzo el 28 de junio. Tras tres meses de debates la Constitución quedó finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931. Nacía con la oposición de la derecha no republicana, que se propuso desde el primer momento revisarla o, desde la visión de sus grupos más extremistas, echarla abajo. Se eligió presidente a Niceto Alcalá Zamora, un ex monárquico católico que encargó a Manuel Azaña a que formara gobierno.

La mayoría de los diputados asistían a las Cortes por primera vez. Entre ellos había intelectuales, periodistas, profesores, abogados, obreros y tres mujeres: las republicanas Clara Campoamor y Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, (las mujeres podían ser elegidas aunque no podían votar).


Aquellas Cortes fueron las que elaboraron la primera Constitución republicana de la historia y a ello dedicaron todas sus energías. El texto que salió de sus deliberaciones definía a España en su artículo primero como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes emanan del pueblo. La República constituye un Estado integro, compatible con la autonomía de los Municipios y de las Regiones”. Se declaraba también la no confesionalidad del Estado, se introducía el matrimonio civil y el divorcio y se prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Tras acalorados debates se otorgó el voto a las mujeres defendido por la diputada del Partido Radical Clara Campoamor, que chocó con el temor de los no pocos republicanos de izquierdas, incluida Victoria Kent, a que las mujeres influidas por el clero beneficiara el voto a la derecha.

Se iniciaba una etapa de profusa actividad legislativa en la que se acometió la reorganización del ejército, la separación de la Iglesia y el Estado y se tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad agraria, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral y la educación pública. Nunca en la historia de España se había asistido a un período, tan intenso de cambio y conflictos, de logros democráticos y conquistas sociales, como el que realizó la República española en su primer bienio.

Sin embargo, las viejas clases dirigentes, los propietarios y las gentes de orden, desplazadas del poder por el nuevo régimen, reaccionaron de forma enérgica y contundente, al mismo tiempo que las clases trabajadoras que encabezaban los anarquistas en sus protestas y movilizaciones aparecieron en el escenario público como poderosos contendientes, dificultando toda acción política llevada en el Parlamento, .

El gobierno tuvo que afrontar una serie de huelgas y estallidos revolucionarios de una hostilidad implacable desplegada por la CNT frente a una República burguesa. Pero no sería éste el único movimiento ni el más potente que obstaculizó su consolidación y su proyecto reformista. Quienes habían sido desplazados de las instituciones del nuevo régimen reaccionaron muy pronto e intensificaron sus ataques al gobierno, obstinándose en llamarlo socialista, pese a que el PSOE sólo tenía tres de los doce ministros. Argüían que el Estatuto de Autonomía concedido a Cataluña era el primer paso para desintegrar España y consideraban que el mejor modo de evitarlo era una conspiración al estilo tradicional que contara con el apoyo de varios militares. El general Sanjurjo parecía el más indicado para ello y sería el encargado de encabezar una sublevación destinada a salvar la unidad de España y traer de nuevo al Rey. El levantamiento tuvo lugar el 10 de agosto de 1932 pero fracasó. Sanjurjo huyó a Portugal. Apresado antes de llegar a la frontera, juzgado y condenado a muerte el 24 de agosto, el gobierno conmutó su pena por la de cadena perpetua.

Los años 1932-33 estuvieron marcados por numerosas huelgas y motines que pusieron en evidencia el grado de división de la izquierda. Azaña no quería dar la impresión de que su gobierno era blando y tomó responsabilidades sangrientas, resuelto a mantener el orden frente a todos los que le hostigaban bien fueran de derechas como de izquierdas. Los anarquistas consideraban que se había vendido a los capitalistas, mostrándose más severo con los explotados que con los explotadores. El ala más dura de la CNT ganó peso y la FAI aumentó su influencia. La combatividad de los campesinos impresionaba a los más moderados. Los incidentes más graves se produjeron en la provincia de Cádiz en la aldea de Casas Viejas, donde los campesinos se sublevaron y mataron a cuatro guardias civiles. Llegaron refuerzos policiales con la Guardia de Asalto para reprimir el motín, que dieron por finalizado a excepción de una casa donde se atrincheró un viejo anarquista apodado “Seisdedos” con su hijos, sus nietos y dos amigos. La Guardia de Asalto incendió la casa, ametrallaron a los ocupantes que intentaron huir y ejecutaron sumariamente a una decena de braceros.

Se produjo entonces una ofensiva sobre Azaña. La oposición contra él y su mayoría parlamentaría iba creciendo. Los intelectuales derramaban lágrimas ante una realidad demasiado alejada de sus sueños. Las decepciones de Ortega y Unamuno llenaban columnas en la prensa., asimismo una mayoría de la población, tradicionalmente católica, se mostraba defraudada por la política del Gobierno que, excesivamente obsesionado en restar poder a la Iglesia, el 2 de junio de 1933 ratificaba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, una ley constitucional exigida por el artículo 26 de la Carta Magna de 1931 y en la que se especificaba la aprobación de la incautación de los bienes de la Iglesia por el Estado y la prohibición en sus colegios de toda enseñanza ajena a su propia doctrina.

Las medidas totalmente anticlericales del texto generaron apasionados debates y enfrentamientos. Los católicos, incluida la revista progresista Cruz y Raya dirigida por José Bergamín, vieron en ella una clara violación de la justicia y la libertad. Los enemigos de la República la utilizaron muy bien como arma ideológica ante una clase media asustada ante el viraje que tomaba el régimen y fue motivo para que en buena parte de España la izquierda perdiera las elecciones en noviembre de aquel año.



Pero tanto en la derecha como en la izquierda se seguía con interés e inquietud lo que sucedía en el extranjero. Los socialistas se dieron cuenta de que la amenaza fascista era real, de ahí su decisión de oponerse por todos los medios a la llegada al poder de los “fascistas” españoles encarnados según ellos en Gil Robles, un joven abogado que lideraba la CEDA, Confederación de Derechas Autónomas, y en cuyo programa estaba revisar la Constitución, derogar la leyes laicas (matrimonio civil, divorcio) y fomentar medidas destinadas a promocionar familias numerosas, la mujer en el hogar, la educación cristiana etc., proponiendo la vuelta a una sociedad rural y tradicional en la que el clero recuperara su autoridad perdida.
Se sucedieron unos meses de continuas crisis parlamentarias. En octubre de 1934 la CEDA retiraría su confianza al gobierno centrista y exigiría participar en el mismo. Alcalá Zamora, que no quería disolver las Cortes, accedió a la propuesta y encargó a Lerroux la formación de un nuevo gobierno que incluyó a tres ministros de la CEDA. La derecha no republicana pasaba a gobernar la República con el más histórico de los partidos republicanos. Los republicanos de izquierda lo consideraron como una traición y los socialistas anunciaron su revolución. Ya nada volvería a ser como antes.

El comité revolucionario de los socialistas, entre los que se incluían Largo Caballero y Prieto, en la noche del 4 al 5 de octubre de 1934 daban orden de huelga general. A pocos minutos de marcar los relojes la medianoche cesaron todas las actividades de trabajo en las principales capitales de España. En varias regiones la huelga se convirtió en revolución. En Asturias las milicias obreras se apoderaron de Oviedo y fundaron una efímera “República socialista”. Los generales López Ochoa y Franco fueron los encargados de la contraofensiva. Se trajo dos regimientos de la Legión y a los regulares marroquíes. Estas tropas apoyadas por la aviación y la armada emprendieron la “reconquista”. El ejército topó con una gran resistencia y hubo de tomar Oviedo calle por calle. El 19 de octubre fueron reducidos los últimos rebeldes. Los revolucionarios tuvieron que dispersarse por aldeas y montañas. Los instigadores reales o presuntos de la insurrección fueron procesados. Algunos habían huido, como Prieto exilado en París. Largo Caballero pasó un año en prisión. Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, fue condenado a 30 años de cárcel. Azaña, detenido el 8 de octubre, sería puesto en libertad dos meses después por falta de pruebas.

Se decretó el estado de excepción, lo que permitió una violenta represión social: se restauró la pena de muerte y se impuso la censura, obreros despedidos, salarios disminuidos, se clausuraron las Casa del Pueblo. La Cortes suspendidas reanudaron su apertura el 6 de noviembre sin que participaran los partidos de izquierda. La derecha creía llegado el momento de poder exigirlo todo.

La CEDA de Gil Robles propugnaba una nueva Constitución más autoritaria pero los grupos de extrema derecha exigían más. Convencidos de que no se podía esperar absolutamente nada de la democracia y que tratar de obtener el poder por medio del sufragio universal era una pérdida de tiempo, en diciembre de 1934 forman el Bloque Nacional presidido por José Calvo Sotelo, en el que figuraban entre otros el duque de Alba, el conde de Rodezno, el dominico Padre Gafo, Lequerica, Areilza, Ansaldo….

Pero no sólo los componentes del Bloque Nacional sino también los tradicionalistas se reorganizaban en contra de la República. En San Juan de Luz funcionaba una Junta militar carlista y, desde Estoril Sanjurjo mantenía relación constante con Fal Conde. Asimismo conspiraba la Unión Militar Española, un grupo de generales hostiles al régimen. Por su parte la Falange era partidaria de la insurrección.



Las crisis gubernamentales fueron la tónica general de aquel año de 1935. En el Gobierno, formado en mayo, la mayoría de los ministros no eran republicanos, representaban a la oligarquía castellana, a la jerarquía eclesiástica y a los hombres de negocios. Todo entraría por fin en su orden, indemnizaciones por las expropiaciones ejecutadas en 1932, compensaciones a las empresas que verían aumentar sus beneficios al igual que los bancos los suyos; todo esto unido a la política represiva del Gobierno en relación con los sucesos de octubre produjo un efecto contrario y la izquierda comenzó a recomponerse. Prieto hizo campaña a favor de un entendimiento con los republicanos progresistas. El Partido Comunista propuso una concentración popular antifascista. Lo mismo que en Francia se avanzaba hacia la formación de un Frente Popular.

Mientras la izquierda se organizaba la coalición gubernamental se descomponía, a ello vino a contribuir el escándalo en que se vio implicado Lerroux con el asunto del estraperlo, un juego de ruleta eléctrica inventado por unos dudosos personajes Strauss y Perlowiz, al que denominaban con la abreviatura de sus nombres “Straperlo” y que mediante soborno a altos cargos de Partido Radical, algunos de ellos parientes del mismo Lerroux, lograron introducirlo en España y ponerlo en funcionamiento en varios casinos. El escándalo saltó a la opinión pública, se quiso echar tierra al asunto pero Alcalá Zamora se opuso. Desacreditados Lerroux y sus amigos radicales tuvieron que renunciar a sus cargos. A finales de diciembre se forma un nuevo Gobierno. El 8 de enero de 1936 las Cortes quedan disueltas. Las elecciones legislativas serían convocadas para el 16 de febrero.

La campaña se desarrollo sin incidencias pero con gran violencia verbal entre izquierdas y derechas. En el País Vasco los nacionalistas no quisieron aliarse con la derecha española y presentaron sus candidaturas por libre, disputándose el voto entre tres listas: Frente Popular, PNV y derechas.

Por tercera vez en cinco años las elecciones constituyeron una gran sorpresa. El resultado favorable al Frente Popular, al que se le concedía escasas posibilidades de éxito, sembró de pánico a las derechas que no estaban dispuestas a dejar el poder ni a renunciar a ninguno de sus privilegios. Una vez conocidos los resultados comenzaron las conspiraciones. Estaban convencidos que España se dirigía hacía el caos y que iba a sobrevenir una revolución comunista. Se produjeron choques entre grupos armados y corrió la sangre. Los sucesos más graves tuvieron lugar el 12 de julio. Al anochecer un teniente de la Guardia de Asalto, Castillo, fue asesinado. Sus camaradas decidieron tomarse inmediata venganza. Secuestraron a Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, le mataron de un tiro y dejaron su cadáver en el cementerio de la Almudena. El 17 de julio estallaba la sublevación militar.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143042 



Los gobiernos de derecha y el Frente Popular. El periodo de los derechos que nunca se tuvieron en España

Josep Fontana
 
La actuación del primer Gobierno de la Segunda República española, presidido por un terrateniente católico e integrado por ocho liberales moderados y tres socialistas, se encaminó desde el primer momento a asegurar el desarrollo constitucional y a adoptar medidas de emergencia para paliar los efectos de una crisis económica agravada por la inepta política de la dictadura del general Primo de Rivera. Un Gobierno de predominio liberal no dudó entonces en publicar medidas de intervención, como las leyes de términos municipales, de laboreo forzoso, de prórroga de arrendamientos y de asentamientos colectivos, o la implantación de la jornada de ocho horas para los jornaleros.

Como dijo Azaña, “la obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal”, pero en las cuestiones económicas, por muy liberal que se fuese, era necesario intervenir para hacer frente a las consecuencias de la crisis mundial, en unos momentos de paro y de conflicto, en especial en la agricultura. “Con socialistas ni sin socialistas ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la República”.

Pero los cambios que permitieron mejorar la condición de la población trabajadora procedieron menos de las leyes mismas –la de reforma agraria, por ejemplo, promulgada en septiembre de 1932, llegó a 1936 sin resultados significativos, puesto que, como dijo Camilo Berneri, “se aplicó en dosis homeopáticas”– que de un cambio de apariencia nada espectacular, pero de consecuencias trascendentes, en las reglas del juego social.

La derecha recortó salarios y persiguió a sindicalistas en 1933 al volver al poder

En el campo, por ejemplo, se acabó con la relación tradicional de fuerzas que permitía a los propietarios, con la colaboración de los funcionarios, de la Guardia Civil y de los jueces, desvirtuar o neutralizar las leyes reformistas que se publicaban en los años de la monarquía (que haberlas las hubo, aunque sus consecuencias fuesen escasas). Al comienzo, los propietarios vieron la llegada del nuevo régimen con tranquilidad, puesto que estaban acostumbrados a que cambiasen los gobiernos en Madrid, mientras seguían controlando su entorno local. Comenzaron a alarmarse cuando vieron que los campesinos se organizaban para reivindicar sus derechos sin que la Guardia Civil se lo impidiera, como en el pasado; fue así como los jornaleros pudieron mejorar sus salarios y sus condiciones de vida.



Que esa política fuese acertada lo demostró que sirviera para evitar la extensión a España de la crisis económica mundial. Los índices económicos españoles de estos años muestran descensos moderados o estabilidad. La renta nacional creció y las mejoras salariales, consecuencia de la libertad de acción sindical, permitieron aumentar la capacidad de consumo de la población, generando un crecimiento interior desligado de la coyuntura internacional. Nada hubo en España que se pareciera al desastre de la gran recesión en Estados Unidos o en Alemania. Cuál fue la actitud de las derechas españolas hacia estos cambios lo muestra todavía un libro publicado en 1998 –e insisto en la fecha para que no se crea que se trata de un panfleto de la Guerra Civil– en el que cuando se enumeran las razones que movieron a Pedro Sainz Rodríguez a colaborar con la insurrección fascista, se nos da esta descripción de los horrores de la República: “Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado...”. O sea, el bolchevismo.


Por eso, cuando las derechas llegaron al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: recortaron los salarios (en Córdoba, el de la recogida de las aceitunas bajó de 6,50 a 5,75), se suspendieron las reuniones de los jurados mixtos y las leyes de términos y de laboreo forzoso se infringieron impunemente. Los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, expulsándolos de los lugares en los que trabajaban y negándoles la contratación como jornaleros. Eso sucedió en Andalucía, en Cuenca –donde los trabajadores de Barajas de Melo se lamentaban de que “cuando pedimos trabajo, el alcalde nos dice que ‘comamos zarzas y república”–, en Ciudad Real –donde los de Solana del Pino aseguraban que “para perseguirnos, prefieren dejar la tierra sin cultivar antes que dárnosla a nosotros”–, en Toledo, donde, según explica Arturo Barea, a fines de 1933 los propietarios comenzaban a echar a todos los que se habían afiliado a un sindicato “y a no dar trabajo más que a los que se sometían a lo de antes”.

La izquierda aceptó su derrota en las urnas en el 33; la derecha no lo hizo en el 36

Otra muestra del cambio profundo que introdujo la conjunción republicano-socialista en la política española la tenemos en la práctica del sistema electoral. Las elecciones de 1933 fueron, en 120 años de historia parlamentaria española, las primeras que perdió un Gobierno que las hubiera convocado. Este aceptó su derrota y cedió el poder a la oposición de derechas. Cuando esto sucedió por segunda vez, en febrero de 1936, las derechas se dispusieron a recuperar el poder por la fuerza, volviendo a una tradición histórica en que las elecciones no eran más que una farsa.

Nadie ha expresado mejor que Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, lo que vino a significar, como una profunda ruptura en la historia española, la actuación del Gobierno provisional de 1931: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.




La evidente confrontación entre las clases privilegiadas y las clases populares

Carlos Gutiérrez

Cuando el 14 de abril de 1931 las elecciones municipales traen la victoria de la izquierda, y las clases populares, de modo masivo, salen a las calles e imponen la instauración del régimen republicano no nos encontramos ante un hecho aislado, casual o ante un “golpe de fortuna” para los intereses de nuestro pueblo, sino que estamos ante un triunfo que se ha ido fraguando en un largo proceso de luchas y de construcción de unos valores y de un proyecto alternativo de sociedad. Todo el siguiente período reflejará, de modo muy evidente, la pugna entre la mayoría social –los trabajadores, los campesinos, y capas progresistas de la pequeña burguesía-, y la minoría, la oligarquía propietaria y sus organizaciones políticas y sociales.

Desde el primer momento, las capas populares se verán impelidas a una lucha sin cuartel para que esa naciente república sea capaz de llevar a cabo las tareas que se encontraban inscritas en el código, aún no plasmado, político y programático, que habían ido elaborando durante un largo período de la historia de nuestro país. Las fuerzas de la reacción, agotado su caudal de legitimidad por la degeneración del régimen monárquico, decidieron que no era nada inteligente oponerse al cambio y que, al contrario, era mejor tratar de navegar sobre él y convertirlo en un producto desnaturalizado que nada tuviese que ver con el auténtico republicanismo. Su objetivo es que el cambio sirviese, cambiando eso sí, la forma de estado, para no cambiar nada.


Una república, ¿sin republicanos?

Resultan realmente de un simplismo y de una miopía política difícilmente superables, aquellas interpretaciones de la génesis de la Segunda República Española que pretenden resolver su nacimiento acudiendo a argumentaciones que hablan de un régimen de conveniencias, en el que se pone en el mismo plano a izquierdas y a derechas, y en el cual la lucha política entre ambas tendría como objetivo la destrucción del estado republicano. Más grave aún, es la pervivencia, aunque en ámbitos ultraminoritarios y sectarios, de la explicación –defendida en la época por el PCE- de que la república era un inmenso freno y una tragedia para las aspiraciones revolucionarias de nuestro pueblo. La república habría sido “un regalo” de las clases dirigentes que lo usaban como celada para desarmar y neutralizar las aspiraciones de las clases populares.

Los que entendemos el republicanismo no solamente como la defensa de un modelo de estado sino como un movimiento que pretende la intervención de las masas en la política para instaurar una democracia que devuelva la capacidad de decisión a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, pensamos que el nacimiento mismo de la Segunda República supuso un acto de autodeterminación, de recuperación de la soberanía, y , por lo tanto, de voluntad clara e inequívocamente republicana por parte del pueblo español. Las elecciones de abril de 1931, en las que fue fundamental el abandono del absentismo electoral por parte de los obreros, especialmente los que sostenían posiciones anarcosindicalistas, constituyeron un inmenso acto de afirmación de las masas en su voluntad de cambiar las cosas y tomar bajo su mando sus propios destinos. Estas elecciones fueron, simple y llanamente, la expresión de la voluntad del movimiento. De todos modos, el camino no había hecho otra cosa que empezar.



El movimiento que consiguió la proclamación de la República -nadie le hizo un regalo- se había ido desarrollando de un modo laborioso y dilatado en el tiempo, no lo olvidemos, al menos desde el siglo XIX. La composición del citado movimiento, era en nuestro país original y claramente diferenciada de los que protagonizaron procesos parecidos en otros países de Europa. España era un país abrumadoramente agrario y de un desarrollo industrial extremadamente asimétrico. Así, por ejemplo, junto a unas regiones en las que el desarrollo industrial era pujante, como Catalunya, en otras la propiedad latifundista con relaciones sociales semifeudales era mayoritaria. En este marco, en nuestro país se desarrolla un potente movimiento anarquista y anarco-sindicalista que tiene una expresión muy importante no sólo en el ámbito industrial sino en el agrario. El siglo XIX en Andalucía, fundamentalmente en su segunda mitad, presenta toda una sucesión de movimientos insurreccionales, sublevaciones y toma de tierras, todo ello incluso, antes de la llegada de los bakuninistas. La ideología del nuevo movimiento era anarquista; o, para darle un nombre más preciso, comunista libertaria. Su programa político era republicano, y antiautoritario; es decir, que concebía un mundo futuro en que la aldea o la ciudad se autogobernase siendo una unidad soberana .1

En el caso catalán, la pujanza de la industrialización de principios del siglo XX había constituido una clase obrera, en muchos casos llegada de otros puntos del país, que, dada su composición: reciente pasado campesino, pobreza extrema y su sensibilidad a las acciones “ejemplares”, era extremadamente permeable a los principios de la acción directa2 .La creación de la CNT, sobre la base de un sinfín de experiencias previas de autoorganización bajo principios libertarios y de sindicalismo revolucionario, supone un paso adelante en la organización del proletariado catalán que aborda una etapa de luchas que, pese a sufrir importantes derrotas por medio de la represión y la implantación de la dictadura de Primo de Rivera, sabrá mantener vivas sus estructuras y su capacidad de movilización y lucha. En Catalunya, también, se produce una crisis agraria debida a la desnaturalización de sus relaciones sociales3. La desamortización del siglo XIX había producido un notable empeoramiento en las condiciones de los contratos de cultivo y el malestar de los campesinos les había llevado a organizarse en la Unió de Rabassaires i altres Conreadors del Camp de Catalunya en 1922, bajo la presidencia de Lluis Companys. Su gran objetivo era conseguir para el campesino unos derechos mínimos y una cierta seguridad sobre la tierra.

Hay una tercera parte constituyente de gran importancia para la construcción de ese movimiento destinado a cambiar el orden de cosas existente –democrático y republicano-, es el de tradición socialista y proveniente de los modelos organizativos de la II Internacional. Esta corriente política había tenido un mayor desarrollo en el norte del país y en lugares de Castilla y el centro de la península.

La adhesión a la Segunda Internacional no solo había traído consigo la opción por el modelo parlamentarista de la socialdemocracia alemana sino que había, también, aportado una determinada manera de construir “sociedad alternativa”. La teoría de “los dos mundos”4 del SPD alemán se ponía en práctica en nuestro país. Las Casas del Pueblo y toda la red de organizaciones ligadas al Partido Socialista: sindicatos, cooperativas, comedores comunitarios, centros de alfabetización y extensión cultural, organizaciones de autodefensa ante ataques fascistas y de la patronal, etc., ayudaban a tejer un entramado en que los obreros adherentes a este partido eran capaces de vivir una suerte de “sociedad paralela” en la que se iban asentando unos valores muy distintos de los que tradicionalmente eran impuestos por una educación dominada completamente por la Iglesia Católica.

Todos estos procesos –que sufren diversos avatares, con victorias y derrotas sucesivas, que se organizan y reorganizan ante la adversidad- y que, son distintos entre sí, y, en cierto modo, complementarios, fueron soldando una fuerte conciencia de que era posible abordar un cambio, la práctica diaria enseñaba que esas microexperiencias de contrapoder y de autogobierno democrático podían ampliar su ámbito de acción y tenían la capacidad de devenir en un proyecto alternativo válido para todo el país.

Las condiciones estaban dadas, existía una fuerte conciencia y un proyecto alternativo (republicano) de las masas. El régimen, que había conseguido temporalmente la abstención política de los trabajadores, se hallaba embarcado en una guerra colonial suicida en la que se traficaba con las vidas de los trabajadores que eran los que nutrían mayoritariamente las filas del ejercito. La corrupción llegaba a tales extremos que en Marruecos muchos oficiales amañaban con los jefes de las cabilas avances espectaculares, a cambio de, más tarde, dejar a los cabileños que asaran a tiros a alguno de sus soldados, repartiéndose luego los oficiales españoles medallas y ascensos5. ¡Así labraron su carrera algunos militares africanistas como Francisco Franco!. El hartazgo por una guerra que era considerada por el pueblo como inútil, las condiciones de extrema miseria que se seguían viviendo en el campo español y el duro golpe que supuso para la pequeña burguesía los efectos en nuestro país de la crisis del 29 hicieron el resto.


La lucha de los republicanos por su proyecto

Como afirmaba en la introducción, la vida de la II República nos presenta una lucha sin cuartel entre aquellos que querían difundir los valores republicanos y aplicar el programa que había llevado al pueblo a fundar una república y los que pretendían servirse de ella –ante el fracaso irremediable de la monarquía- como medio para perpetuar los privilegios y el dominio de los de siempre. La república española tuvo desde el primer momento al enemigo dentro de casa. Los procesos revolucionarios o que pretenden cambiar de raíz las cosas son, parafraseando al filósofo marxista italiano Domenico Losurdo, procesos de aprendizaje. En el caso de nuestro país las lecciones se aprendieron demasiado tarde y –al margen de explicaciones simplistas basadas en tal o cual o traición- la experiencia terminó en derrota.



La misma fecha histórica del 14 de abril señala un momento de pujanza de uno de los dos contendientes, el popular, que consigue movilizarse masivamente, con la fundamental participación anarcosindicalista, para superar el tradicional caciquismo que falsea los resultados electorales a través de la compra masiva de votos en el ámbito rural. Cuando se quiere minimizar la victoria de las izquierdas en abril del 31 circunscribiéndola a las ciudades, no está de más recordar que sólo en éstas se daban unas condiciones mínimas para el desarrollo de una elección realmente democrática.

Ya desde la redacción de la Constitución republicana se manifestó la discrepancia y la potencia de unos poderes que no querían dejar de serlo. El texto constitucional, extremadamente progresista, aunque, tal como afirmó el presidente de la comisión parlamentaria redactora, el socialista Jiménez de Asúa “no socialista, pero de izquierdas”6, produjo una convulsión de tal calibre que culminó con un cambio de gobierno, la salida de éste de Alcalá Zamora y Maura, y la formación de otro presidido por Azaña. Este texto constitucional, estrechamente inspirado en la constitución de Weimar, proclamaba “una república democrática de trabajadores de toda clase”, concentraba todo el poder en una sola cámara, blindaba los derechos democráticos, consagraba la igualdad entre los dos sexos, afirmaba la laicidad del estado (acabando con el monopolio de la Iglesia en la enseñanza) y limitaba el ejercicio del derecho a la propiedad al interés público. Queda bien a las claras expuesto que un texto así no podía ser aceptado por los que tradicionalmente habían detentado el poder.

El contraataque antirrepublicano empezaría muy pronto y se produciría en diversos frentes. El 7 de mayo de 1931 el cardenal Segura publicaba una carta que era una verdadera declaración de guerra a la República, en nombre de la “defensa de los derechos” de la Iglesia frente a la “anarquía”. Por otro lado el frente militar-policial, cuya estructura había sido dejada prácticamente intacta por el gobierno republicano, no deja de conspirar y practicar la represión ante cualquier manifestación o huelga que supere los límites de lo que ellos puedan considerar permitido. Esta permanencia de la represión y la impaciencia de amplios sectores populares por ver concretadas unas medidas realmente progresivas provoca la radicalización y la acentuación de los enfrentamientos. En 1932 el intento de golpe fallido de Sanjurjo es un primer toque de atención al régimen republicano sobre lo que se cuece en su interior.

El más grande retroceso para la construcción de una República basada en el programa popular tiene lugar con la victoria de las derechas en 1933. La falta de percepción de cambios reales: no concreción de la reforma agraria, crisis económica e inestabilidad política, la falta de unidad en las izquierdas y el boicot por parte de los sectores anarcosindicalistas, inauguran un período, el llamado Bienio Negro, en el que se intentará abordar la destrucción de todo lo que de progresista había conseguido hasta el momento la República. Cualquier atisbo de reforma agraria es paralizado y, por el contrario, se aprueba una ley de contrarreforma, se paraliza el programa de construcciones escolares, se suspende el Estatuto de Catalunya, se establece la censura, se cierran locales de sindicatos y se persigue la actividad sindical.

La dinámica experiencia de las Alianzas Obreras, organismos estos ampliamente unitarios que nacen para oponerse y parar la contrarrevolución, se inscribe en la multitud de procesos que empiezan a fraguarse, con expresiones de lucha directa como la insurrección de Octubre, para romper las trabas que impiden la continuación de la aplicación del programa popular. El pacto del Frente Popular, por moderada que pueda parecer su concreción programática, supone la culminación de esos procesos unitarios y la herramienta por fin hallada para intentar, y conseguir, derrotar a la reacción. Los Frentes Populares no son concebidos meramente como alianzas electorales sino que pretenden constituirse en eje vertebrador de las clases subalternas7. Jorge Dimitrov en el informe político al VII Congreso de la Internacional Comunista afirma: “la propaganda y la agitación política por sí solas no pueden suplir en las masas la propia experiencia política. Éstas deben comprender cuanto antes y por su propia experiencia lo que deben hacer”8. De la justeza de la táctica frentepopulista baste el ejemplo de que su paladín, el Partido Comunista, pasó, rápidamente, de la más absoluta marginalidad a ser el partido más influyente.

Ya conocemos el resto de la historia: la lucha por el proyecto de los pobres, de los demócratas, en definitiva de los republicanos, fue derrotada, pero para derrotarla fue necesaria la fuerza de un ejército bien entrenado y apoyado por las potencias fascistas internacionales. El golpe del 18 de julio fue un fracaso gracias a la resistencia de un pueblo que no se resignaba a quedarse anclado en la historia y luchaba por su libertad. Que nuestro pueblo en armas resistiese tres años constituye un hito histórico de difícil parangón. Ejemplos tan hermosos y generosos de solidaridad internacional como el de las Brigadas Internacionales demuestran que la lucha era trascendental y mereció la pena, las derrotas nunca son definitivas.



La importancia de la cuestión agraria

El éxito o el fracaso de la II República se jugaba –en un país eminentemente agrario como el nuestro- en su capacidad de resolver esta cuestión. La desamortización de principios del siglo XIX, si bien había conseguido acabar con la Iglesia como principal propietaria, no había tocado los latifundios privados y, por el contrario, había liquidado la mayoría de las tierras de propiedad comunal con lo que había sumido a una gran parte de la población campesina en la más absoluta pobreza.

Los campesinos, la capa social abrumadoramente mayoritaria, trataron, en los meses que siguieron a la proclamación de la República, de conquistar la tierra. Fueron sistemáticamente reprimidos por la guardia civil y el resto de cuerpos policiales. Para calmar esta reivindicación campesina, se esgrimió una reforma agraria paulatina que nunca se llevó a cabo definitivamente, y que sirvió en realidad para que las fuerzas reaccionarias ganasen tiempo9.

Un ejemplo muy significativo de la centralidad de la cuestión agraria lo constituye la aprobación por parte de la Generalitat de Catalunya de la Llei de Contractes de Conreu (Ley de Contratos de Cultivo). Esta ley, que pretendía dar más seguridad a los campesinos pobres, establecía la duración mínima de los contratos de arrendamiento en seis años y daba la oportunidad para que fueran renovados a “voluntad del labrador”, fue acogida con gran hostilidad por parte de los grandes propietarios que consiguieron que en 1934 fuera anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El parlamento catalán vuelve a aprobar la ley al día siguiente, con pequeñas modificaciones, pero desde el gobierno central se paraliza toda la reforma agraria y la Ley de Contratos es anulada10. Está ley no será puesta en vigor hasta la victoria del Frente Popular11.

Una de las claves de la derrota de la República estaba servida: la principal medida que iba inscrita en ese programa popular, no explícito, que facilitó las posibilidades de la proclamación del régimen republicano no había podido ser aplicada. El bloque popular luchó por la consecución de la tierra, pero la potencia de los sectores de la oligarquía y la falta de visión de los políticos republicanos propició el fracaso. En palabras de Maurín: “El reparto de la tierra, creando una capa de pequeños propietarios –que es lo que hizo la Revolución francesa a fines del siglo XVII y la mejicana a comienzos del siglo XX- hubiera asentado la República sobre bases inconmovibles12.


La lucha por la III República


El peor favor que podríamos hacer a todos y todas los que lucharon y dieron sus vidas por el proyecto republicano, sería aproximarnos a su experiencia histórica desde una perspectiva meramente nostálgica o basada en las lamentaciones por la gran ocasión perdida. La lucha por la III República no puede ser entendida sin el estudio de la experiencia de la Segunda y sin que seamos capaces de recoger todo el caudal de experiencias que unos años tan intensos aportaron al bagaje político-cultural del movimiento republicano.

Desde la seguridad de la necesidad democrática y social de fundar un régimen republicano, basado en el programa popular, el proceso que culmine con la proclamación de la III República no será ni calco ni copia de las otras dos experiencias republicanas que existieron en nuestro país. Sólo a través de la experiencia de aprendizaje en la lucha del movimiento real es posible que se vayan construyendo los modos de organización y que, a su vez, avance el proceso de liberación que cree las condiciones para la aplicación del programa popular.



Las enseñanzas de las experiencias republicanas habidas en nuestro país son muchas: la principal de ellas es que la República no es sólo un modelo de estado, y que sólo será posible su triunfo si es capaz de responder a las expectativas y aplicar las medidas inherentes al movimiento que la propugna. Las fuerzas de la reacción, antirrepublicanas, intentarán confundir y atribuirse –como hacen con el concepto democracia- un falso republicanismo que tendrá por objeto destruir todos los auténticos valores de este modo de gobierno, terminando por acabar con la República misma.

Otra de las cuestiones clave que nos tiene que servir en el empeño de la construcción de la futura República consiste en tener muy claro que sin un largo proceso de elaboración de una cultura y un modo de vida alternativos –basados en valores republicanos-, y sin la construcción de organismos populares en los que a través de la práctica de la democracia de base se vayan urdiendo los ejes políticos de un programa que plantee un profundo cambio en nuestra sociedad, no será posible abordar seriamente el objetivo de la lucha por la República.

Muchas de las tareas –casi todas- que abordó la Segunda República hace más de setenta y cinco años están aún pendientes. Los largos años de noche y niebla del franquismo enterraron a nuestro país en un pozo político y cultural del que el llamado proceso de “Transición política” no rescató realmente. Nuevamente se consiguió por parte de las clases dominantes que cambiando todo no cambiase realmente nada. Recuperar el hilo rojo republicano de nuestra historia y abordar un cambio profundo es el reto que tenemos por delante las generaciones actuales. La República debe realizar el proyecto del pueblo.




La Republicana - Reincidentes

lunes, 26 de mayo de 2014

Uruguay. Mujica y la historia del MLN-Tupamaros

Historia de Uruguay: 


José Mujica y la fachada del sistema

Antonio Velasco. LaRepública.es  

Hace ya mucho que vivimos en un mundo donde aquellos que acaparan el poder viven ostentosamente y muy alejados de los problemas reales de la población a la que dicen representar. Nuestro gobierno, así como las élites económicas situadas en la sombra, no sufren los recortes que aplican, sino todo lo contrario. Las empresas del Ibex 35 tienen cada vez mayores beneficios y los políticos siguen legislando a su favor. Los trabajadores, desengañados, empiezan a buscar ejemplos de que otro tipo de líder es posible. Ahí entra Pepe Mujica, un caso de escopeta. El presidente más pobre del mundo, le llaman. Se ha convertido en una figura emblemática para muchos, ya hartos de políticos que muestran un desapego exacerbado por los trabajadores, a los cuales sólo buscan durante la campaña electoral.

Pepe Mujica es un antiguo guerrillero perteneciente al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) que surgió en los años 60 y sería derrotado en 1972, un año antes de la dictadura militar. Mujica, al igual que muchos otros dirigentes tupamaros, pasó más de una década en prisión y, una vez recuperada la democracia, sería liberado por una ley de amnistía para presos políticos. El MLN-T se integraría, en 1989, a la coalición política de izquierdas Frente Amplio (FA), donde gestó la coalición llamada Movimiento de Participación Popular (MPP).

Mujica obtendría un puesto de Diputado con el FA en las elecciones de 1994, donde derrotarían al Partido Colorado (derecha), siendo Tabaré Vázquez el presidente resultante y  Mujica el primer Tupamaro con un cargo público. Después de tantos años de dictadura y clandestinidad, la izquierda había llegado al poder. Las calles del país se desbordaron de trabajadores emocionados y cánticos revolucionarios por la hazaña lograda. La izquierda gobernaba y ahora empezarían las políticas destinadas a mejorar la vida de los trabajadores. O eso creían.

Mujica se hizo ya famoso en esa época por su austeridad, cuando acudía a las sesiones parlamentarias en una Vespa. En 2010 llegaría a Presidente de la República Oriental de Uruguay tras la reelección del FA y, una vez en el gobierno, no cambiaría su estilo de vida. No se mudó al palacio de gobierno sino que se mantuvo en su pequeña residencia junto a su esposa Lucía Topolansky (también antigua guerrillera del MLN-T) y dos escoltas. Tampoco acudió al coche oficial ni a ningún lujo en particular. Se trata de un presidente cercano que retomó la antigua práctica de pasear y conversar con los vecinos, como se hacía en los años 50 en Uruguay, antes de la llegada del FMI. Además, dona el 90% de su sueldo a proyectos y causas benéficas. Esta faceta austera es lo que le ha reportado fama internacional.

Su discurso se caracteriza por ser muy filosófico y rompedor de los estándares y costumbres usuales de los poderosos. Habla sin tapujos de la necesidad de proteger el medio ambiente, de lo malo y vacío del consumismo desmedido o de que el capitalismo no aporta realmente aquello que nos hace ser felices. Palabras atractivas pero que, por desgracia, no han ido acompañadas por hechos en la misma linea.

A pesar de que se han logrado cambios en el país (ayudas para los más pobres, el  seguro nacional de sanidad, ley de matrimonio homosexual, aborto o legalización de la marihuana), realmente no se ha legislado en favor de los intereses de los trabajadores uruguayos. El modelo económico, salvo algunas excepciones, sigue siendo básicamente el mismo.

Mujica, con un discurso que aboga por la protección del medio ambiente, ha apostado por empresas transnacionales que están contaminado el país y que gozan, además, de exoneraciones y beneficios tributarios. Nunca en Uruguay ha habido tantas tierras en manos de las transnacionales. Algunos ejemplos son las empresas relacionadas con las papeleras, las cuales plantan eucaliptos para sus productos, destrozando la tierra; las empresas que cultivan soja transgénica con agrotóxico; o el proyecto Aratirí, relacionado con la megaminería a cielo abierto para la extracción de hierro, práctica con un alto impacto contaminante sobre el medio ambiente. Existe una contradicción flagrante entre el discurso del presidente y los hechos.

La pobreza ha sido reducida en el país, pero la tercera parte de los trabajadores uruguayos tienen ingresos inferiores a los 14.000 pesos al mes cuando se ha calculado que, para una familia media de 4 personas, se necesitarían unos 50.000 pesos al mes para cubrir las necesidades básicas. Los ricos, sin embargo, siguen enriqueciéndose. Es cierto que los sueldos han subido y que el porcentaje de desempleo es bajo, pero en su mayor parte se trata de empleo precario.

Uruguay es un país de 3 millones de habitantes con 12 millones de cabezas de ganado pero, sin embargo, la carne tiene unos precios desorbitados. En lugar de desarrollar industrias para generar valor agregado en este mercado (industrializar la materia prima), se exporta el producto primario y se enriquecen los productores. Uruguay no transforma los productos, los exporta y el mercado interior no ve beneficios.

El gobierno de Pepe Mujica se ha alejado del programa inicial del FA, que era anti-imperialista y anti-oligárquico. Se alineó con la rama más socialdemócrata de la coalición (representada por Danilo Astori, vicepresidente de Uruguay), reproduciendo el discurso de que hay que desarrollar el capitalismo, incluyendo traer a grandes transnacionales al país, para llegar al socialismo. Dice además ser partidario de un capitalismo bueno y humano. Este alejamiento del gobierno ha provocado la aparición de un sector crítico que reivindica el antiguo programa frenteamplista. Además, las políticas del gobierno de Mujica y del primer presidente del FA Tabaré Vázquez, han traído la resignación y la desafección por la política por parte de los uruguayos al verse traicionados por los políticos, tal y como sucede en España.

El sistema productivo de Uruguay no ha cambiado. Mujica obedece los dictados del FMI y el Banco Mundial, en detrimento de los trabajadores, que han visto, decepcionados, cómo la socialdemocracia ha tomado el control y ha dejado a Uruguay dependiente del capital extranjero. Después, Mujica sale al exterior con su imagen austera, su discurso grandilocuente y filosófico que a todos agrada y sorprende pero, a pesar de haberse conseguido cosas, el gobierno se vendió al capitalismo y a las grandes empresas, incumpliendo el viejo programa del FA.

El problema principal, del cual se deriva el resto, es que Mujica y su equipo han negado la lucha de clases. Suyas son frases como “Para que haya redistribución, los capitalistas han de ganar dinero”. Esto es un absurdo. No se puede redistribuir partiendo de la base de que las empresas gozan de grandes beneficios, exenciones fiscales y que no se les imponen apenas condiciones al instalarse en Uruguay. Mujica aboga por “sacar lo mejor del sistema” pero, ¿cómo sacar lo mejor de las transnacionales, que se instalan porque pagan escasos impuestos, tienen a los trabajadores en condiciones precarias y no respetan el medio ambiente? Se está actuando como si se pudiese gobernar para los ricos y para los pobres a la vez, cuando tienen intereses de clase contrapuestos. Como digo, el principal problema es la negación de la lucha de clases. ¿Existe redistribución posible sin tocar los privilegios del poder económico? ¿Se puede gobernar para el poder económico y para la gente de la calle por igual? Claramente, no. La prueba es que, a pesar del enorme crecimiento del PIB del país en los últimos años, no ha habido una redistribución eficiente que haya beneficiado a los trabajadores tanto como debiera y, sin embargo, los ricos se han enriquecido como nunca. Se trata de la clásica política socialdemócrata.

No es extraño que los grandes medios alaben a Mujica. Las políticas del presidente uruguayo benefician enormemente a los propietarios de los mismos. Si hubiese incorporado el antiguo programa del FA, cuyas propuestas giraban en torno a no pagar la deuda externa ilegítima, una reforma agraria que favoreciera a los trabajadores o nacionalizar la banca; ni Jordi Évole le habría entrevistado ni tendríamos la imagen que tenemos de él. Los medios se habrían encargado de mostrárnoslo como un dictador más y todo el mundo lo aceptaría a ciegas, como aceptan ahora que es el mejor presidente del mundo, sin saber qué políticas ha llevado a cabo y cómo estas han repercutido en la clase obrera uruguaya. Si se legisla en favor de los intereses del capital, los medios controlados por el mismo te presentan favorecido, si lo haces en favor de los trabajadores (y, por consiguiente, en contra del capital), esos medios te muestran al mundo como un político antidemocrático. Ejemplos hay de sobras.

En definitiva, por muy buenas intenciones que tuviese Mujica tanto en sus años de tupamaro como en la actualidad, que no las pongo en duda, un país no se cambia sobre la base de la actitud de una persona (aunque sea el presidente), sino sobre la organización y la construcción de un tejido social fuerte y crítico y unas políticas concretas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. No podemos creer a ciegas, como se hace en España, que Uruguay va perfectamente sólo fijándonos en el estilo de vida de su presidente (aunque este sea admirable, como en su caso). Es necesario averiguar y adentrarse en las políticas que repercuten en la vida cotidiana de las personas para conocer su realidad. Sólo entonces podremos sacar conclusiones. Pero si únicamente nos quedamos con la filosofía y la fachada de su presidente, estaremos cayendo en la trampa de la clase dominante una vez más.

POR MARAT: Nunca me gustó Pepe Mújica y el franciscanismo de forma de vida que ostenta. Me parece una forma de presumir de bonhomía austera que sirve de señuelo para que no se mire a las políticas que practica, las cuales no difieren mucho de las que lleva a cabo Bachelet en Chile u Obama con sus pretendidos programas sociales y la defensa de los "derechos civiles" en su primer gobierno. Esto sólo es un modo de ir de progre. Ser revolucionario es otra cosa, por mucha forma de vida humilde que exhibas.

De no ser así el emperador del mundo, Obama, no diría de él "Mujica tiene credibilidad en el mundo y es un líder a lo largo de todo el hemisferio". Cuando un revolucionario lo es de verdad, el capital y el imperio lo ignoran o lo denigran y vilipendian, no lo convierten en una estrella en los medios de comunicación capitalistas. Saben que la clave más importante no es que tenga una casa muy humilde o un coche viejísimo -entre el aspecto mendicante de un Presidente y un modo de vida sin ostentaciones materiales ni acumulación indebida de bienes hay una distancia notable- Lo realmente importante es qué política lleve a cabo ese Presidente, qué intereses y a quiénes defienda, no ya de palabra sino con sus hechos. El resto es luz de gas sobre la política real que se lleva a cabo.

Fuente: http://marat-asaltarloscielos.blogspot.com.es/2014/05/pepe-mujica-y-la-revolucion-olvidada.html?showComment=1400573674190#sthash.ewq8xUXj.dpuf

Historia Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros

Por Julio Marenales: Fundador del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Integrante del Comité Ejecutivo del MLN-T.

Para comprender la aparición de una organización clandestina en la década de los sesenta, es necesario describir brevemente el marco histórico en el cual se desarrolló.

El Uruguay, por mucho tiempo fue categorizado como la "Suiza de América". El fundamento objetivo de esta categorización estaba dado por varias razones.

Era un país con menos de 3 millones de habitantes, con una densidad demográfica de unos 16 habitantes por kilómetro cuadrado, con población integrada en su mayor parte por descendientes de inmigrantes europeos. Eso, además, dio de hecho un peso a los elementos culturales europeizantes, los cual marcó una gran diferencia con el resto de la América Latina, de fuertes influencias afro-indígenas. En el Uruguay la cuestión indígena fue saldada en el siglo pasado con el exterminio de la población aborigen. Más allá que esa población revistó en los ejércitos artiguistas y se mixturó con la población de la campaña, lo que hizo que la influencia de lo indígena en la nacionalidad se expresara de manera poco ostensible pero nada despreciable.



La economía del Uruguay tiene su principal fundamento en el campo. No hay minerales, por lo menos en cantidad explotable, no hay petróleo, que se sepa, por lo tanto la única fuente de riqueza es la tierra. En el Uruguay el principal rubro económico es la ganadería. Esta se sigue practicando en forma extensiva, con pasturas naturales. De esta manera, el máximo de animales que puede soportar el campo uruguayo, es de 9 millones de cabezas de ganado vacuno. La ganadería, desde el tiempo de la colonia hasta alrededor de 1930, tuvo un desarrollo sostenido. Pero a partir de esa fecha, cayó en un estancamiento, del cual sólo sería posible salir con un cambio muy profundo en el modo productivo. Pero está demostrado que cada terrateniente en particular no está dispuesto a encarar ese cambio.

Como indicación muy esquemática podríamos decir lo siguiente: a principios de siglo, cuando el Uruguay tenía 1 millón de habitantes, en números redondos teníamos 9 millones de cabezas de ganado vacuno. Quiere decir que como poder de compra, teníamos 9 cabezas de ganado vacuno por habitante. Cuando la población se acercó a los 3 millones el poder de compra en el comercio exterior se redujo a la tercera parte. Dado que la redistribución de los ingresos ganaderos es lo que ha sostenido la actividad económica del país, una reducción tan drástica de los ingresos relativos, trajo graves consecuencias, en el largo plazo. Las consecuencias económicas del estancamiento productivo no se notaron en lo inmediato, pues la segunda guerra mundial, por un lado permitió vender toda la carne disponible tanto vacuna como ovina, y por otro lado redujo drásticamente las importaciones de todo tipo, debido a que las potencias centrales volcaron toda su capacidad productiva al esfuerzo de guerra. O sea, que hubo una especie de ahorro forzoso. Pero además, comenzó el desarrollo de una industria de sustitución de importaciones que generó muchos puestos de trabajo y dinamizó el mercado interno.

Hacia la ruptura.

Finalizada la segunda guerra mundial y cuando sus efectos benéficos para el Uruguay comenzaban a mermar, la guerra de Corea trajo un cierto respiro. Pero eso no duró mucho. Se inició entonces una espiral inflacionaria que comenzó a afectar seriamente el poder de compra de los salarios. La clase obrera, que con el relativo desarrollo industrial había crecido y se había fortalecido, se lanzó entonces a la resistencia de las medidas restrictivas en materia salarial, defendiendo el poder adquisitivo de los salarios logrados en años de lucha. Al mismo tiempo pelea por organizarse y por niveles de salarios dignos, al punto de que también en ese aspecto el Uruguay se destacaba del conjunto de la geografía latinoamericana. Las clases dirigentes del país acusaban a los trabajadores organizados de ser los responsables de la inflación, por los continuos aumentos de salarios que reclamaban. Comenzó una escalada represiva contra los trabajadores organizados.

En ese marco económico social, al comienzo de la década de los '60, se organizaron los trabajadores de la caña de azúcar en el Norte del país. Estos trabajadores trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas. Organizaron marchas recorriendo el país, caminando, cruzando pueblos y ciudades del Interior informando de su situación. Primero plantearon el cumplimiento de las leyes que existían para los trabajadores rurales, que por cierto eran malas leyes, pero ni esas cumplían las patronales de las plantaciones de caña de azúcar. Luego plantearon la expropiación de un latifundio improductivo, que ni tan siquiera era explotado con los métodos tradicionales. Este latifundio tenía una superficie de 22.000 hectáreas. En un país en el cual se acusaba a los trabajadores de ser responsables de la inflación, los trabajadores cañeros del departamento de Artigas pedían tierras para trabajar. Los cañeros realizaron cuatro marchas hacia la capital, Montevideo. Recibieron apoyo solidario de mucha gente. Un grupo de militantes provenientes de los partidos de izquierda, de los sindicatos y militantes independientes, resolvieron dar un apoyo decidido a los compañeros cañeros. En el proceso de trabajo solidario, se fueron haciendo una serie de constataciones. Una de ellas y muy importante, era que el gobierno, ante las demandas de gente que quería trabajar, contestaba con dura represión, violando una legalidad que él, primero que todos, tenía que respetar. Por otra parte la represión contra los trabajadores era generalizada. Habían comenzado a organizarse bandas fascistas, se atentaba contra los locales de partidos políticos de izquierda, se atentaba contra personas, en algunos casos se les habían tatuado —con elementos cortantes— esvásticas nazis. Incluso fue asaltada la Universidad de la República por bandas fascistas con la complicidad del jefe de Policía de Montevideo. En el ambiente político se manejaba la posibilidad de un golpe militar, al punto que la única central sindical, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), en 1964 aprobaba un Plan de resistencia al golpe de Estado.

El coordinador.

El apoyo militante al movimiento de los trabajadores cañeros se agrupó en un organismo que se denominó Coordinador, que precisamente, coordinaba la acción de las distintas personas que estaban realizando el trabajo solidario. Ante el clima de violencia, y reiteradas violaciones a la legalidad de las bandas fascistas con la complicidad policial muchas veces e incluso violaciones de la propia Policía, los militantes del Coordinador resolvieron actuar, llegando a no respetar las leyes vigentes, y si fuera necesario, utilizando incluso procedimientos violentos. En una de las marchas cañeras hubo violentos incidentes en Montevideo, donde resultó muerta una persona por un disparo efectuado contra los trabajadores por individuos de derecha. Se pretendió inculpar a los trabajadores y a raíz de ese episodio, Raúl Sendic, que era asesor letrado del sindicato de los trabajadores cañeros (UTAA) y al cual se le quiso adjudicar la responsabilidad del hecho, pasó a la clandestinidad. Los militantes del Coordinador cumplieron un proceso de discusión política de varios meses. En esa discusión se analizó la situación de la izquierda, los acontecimientos de la Revolución Argelina, la Revolución Cubana y los procesos de lucha política latinoamericana. Respecto a la izquierda uruguaya, se reconoció su aporte a las luchas sociales del Uruguay, pero se concluyó que había experimentado un proceso de adaptación al sistema, de tal modo que ya no generaba en los sectores populares reales ideas de cambio profundo de un régimen que progresivamente iba extendiendo la pobreza en más amplias capas de la población. Debe tenerse presente que la fuerza más importante de la izquierda era el Partido Comunista, muy supeditado a la geopolítica de la ex Unión Soviética y por lo tanto enfocando su accionar político por las necesidades del enfrentamiento Este-Oeste. En esas discusiones se efectuaron críticas muy duras contra lo polemista de la izquierda y su fragmentación. También se analizó el descreimiento de la gente hacia las políticos, que habían llegado a graves posturas demagógicas. Durante ese proceso de discusión, en el seno del Coordinador se fueron perfilando dos tesis, ambas con el fundamento de la necesidad de comenzar a actuar en política de un modo diferente.



La identidad tupamara.

Una tesis sostenía el planteo clásico del partido político con su aparato armado. La otra tesis, proponía un planteo estratégico defensivo, y la estructuración de una organización político-militar, pues desde siempre, las clases adineradas que han detentado el poder real y el control del Estado con sus aparatos coercitivos, han recurrido a la violencia, cuando la resistencia a su opresión, por parte de los pueblos, se ha vuelto peligrosa para sus intereses y privilegios. Finalmente se arribó a un Congreso, que se denominó Convención en el cual se definió la cuestión.

Se aprobó la tesis político-militar, se estructuró un reglamento, se aprobó una Estrategia Defensiva, pues la correlación de fuerzas era totalmente desfavorable para el movimiento popular. Iba a ser una organización clandestina, cuya primera tarea sería construir las bases materiales para una organización de este tipo. Sus objetivos políticos serían una paciente acumulación de fuerzas, más precisamente, una contribución a la acumulación de fuerzas del campo popular, ya que nunca se pensó que una sola fuerza política sería capaz de resolver los problemas de un país.

La organización se definió como socialista desde el principio. Con esto se quería significar solamente una sociedad en la cual el centro de la actividad humana fuera el hombre y no la ganancia. Esa sociedad se iría conformando en el proceso histórico. El MLN nunca tuvo ni tiene modelo de sociedad. Se entendió —y se sigue pensando así— que cada pueblo con su historia y su idiosincrasia se irá dando las formas sociales necesarias a su desarrollo. Se salió de la Convención sin nombre, que se adoptó meses después. La Convención se efectuó en enero de 1966. La designación de la nueva organización como Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros tiene como fundamento la manera cómo el MLN ha entendido y entiende que se darán los procesos de lucha político- social en nuestros países. Partimos del reconocimiento de nuestra condición de países dependientes. Imposible que un pueblo pueda decidir sobre su destino si no rompe los férreos lazos de dependencia. Entra aquí la cuestión nacional. En esta lucha, para el MLN, es necesario aglutinar todas las fuerzas posibles, aún aquellas que no se planteen un cambio social profundo, pero que sí estén dispuestas a enfrentar al Imperialismo, por ser también sus víctimas. Esta concepción se enfrentó en su momento con la que sostenían los partidos comunistas, que estaban definidos por la confrontación Este-Oeste.

La Organización comenzó a construir las bases materiales que se había propuesto.



El 22 de diciembre.

En diciembre de 1966, en la preparación de una operación de finanzas, hubo un enfrentamiento con la Policía en el cual resultó muerto un compañero. Comenzaron a realizarse detenciones de amigos de ese compañero, entre los cuales lógicamente había integrantes del MLN-T. Su dirección consideró que desde el punto de vista de la seguridad era necesario que varios compañeros y compañeras pasaran a la clandestinidad. Este suceso ocurrió el 22 de diciembre de 1966. A partir de esa fecha en el transcurso de los días, fueron pasando a la clandestinidad unos 22 compañeros. La Policía allanó locales, en uno de los cuales en un enfrentamiento murió otro compañero. Toda la infraestructura montada fue desmantelada. Hay que agregar la pérdida de las casas de los compañeros y compañeras que pasaron a la clandestinidad, que aunque sus familias ignoraban esas actividades, para muchos efectos las casas prestaban utilidad. Fue un momento muy difícil que se pudo superar gracias a la solidaridad de gente que no sabían en realidad qué era esa organización que de pronto aparecía a la luz pública. Antes de este suceso del 22 de diciembre, había operado incluso utilizando el nombre de Tupamaros, pero más bien parecía un grupo que una organización estructurada. La Organización se había venido planteando un crecimiento muy cuidadoso, atendiendo que para ingresar e integrar una organización clandestina, es necesario aprender las reglas de funcionamiento clandestino que son muy estrictas. El acontecimiento de diciembre obligó a un cambio total en el enfoque. Se vio que era necesario un trabajo político y un crecimiento, como única manera de asegurar la continuidad de la Organización. La primera tarea que se hizo necesaria, fue construir nuevamente una infraestructura mínima, ya que no era correcto comenzar un trabajo político desde los locales que nos habían brindado la solidaridad. Se comenzó a construir cabañas en los balnearios pues era la zona donde existían menores dificultades para adquirir terrenos. Además, la construcción de las cabañas proveía la cobertura apropiada para pasar desapercibidos. Comenzó un lento crecimiento tanto en infraestructura como numérico. Se instaló una nueva base en la zona denominada Pajas Blancas. Esa base es la conocida como "Marquetalia". Posteriormente se instaló otra base cerca de la ciudad de Pando.

Mientras se construía esa infraestructura, por un tiempo la Organización se mantuvo sin operar. Había ganado las elecciones el general Gestido, persona con prestigio de honesto y que había despertado esperanzas en mucha gente. Era necesario esperar su desgaste. Pero la espera no fue larga pues este hombre murió y lo sucedió el vicepresidente Pacheco Areco. Pacheco Areco actuó con mano muy dura. Gobernó con medidas permanentes de Pronta Seguridad, es decir, Estado de Sitio. Fue una dictadura disfrazada. Tuvo la habilidad de no disolver el Parlamento, pero lo desconoció por completo y gobernó por decreto.

La toma de Pando.

Ante la nueva situación creada, el MLN, comenzó una escalada operativa que llega al copamiento de la ciudad de Pando. En esa operación se toma el cuartelillo de Bomberos, la central telefónica, dos bancos de los cuales se expropia el dinero y la Comisaría, en donde hay un enfrentamiento con heridos y un muerto por parte de la Policía. La operación, bien ejecutada en su primera parte, por errores cometidos en el repliegue deviene en un fracaso militar. Mueren tres militantes y son apresados una treintena, entre ellos un compañero de dirección. Paradojalmente, con la operación Pando ocurrió un fenómeno que también se dio el 22 de diciembre de 1966. A una derrota en el plano militar sucedió un crecimiento político. Ese crecimiento que tuvo lugar después de Pando, a la larga marcó a la organización y fue uno de los factores que contribuyó a su derrota posterior. El crecimiento tan acelerado no permitió la formación adecuada de los militantes clandestinos. Este no sólo se dio a lo interno, sino también a lo externo. Comenzaron a surgir los CAT (Comités de Apoyo a los Tupamaros). Algunos de esos CAT tenían contacto con la Organización, pero probablemente la mayoría eran "silvestres", que actuaban autónomamente integrándose intuitivamente en los lineamientos estratégicos del MLN.

Estrictamente, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros nunca fue una guerrilla. Realizaba operaciones de pertrechamiento y de propaganda armada. La guerrilla, en cambio, es una forma de acción militar. Su objetivo es destruir las fuerzas vivas y materiales del enemigo. El MLN se planteaba una estrategia de acumulación política. Se diferenciaba del resto de la izquierda tradicional en su metodología de acción política. Se realizaron muchas operaciones de copamiento para hablar con los trabajadores y hacer planteos políticos. El MLN estaba estructurado en columnas, que integraban alrededor de 100 personas, además de lo que se llamaba" la periferia de apoyo"de cada columna.



El principio organizativo era de círculos concéntricos. Al centro, en el núcleo interior, estaba la organización, hacia fuera los círculos se iban ampliando y su relación era más laxa. La necesidad de un trabajo político cada vez mayor obligó a organizar una columna política. Se le llamó la columna 70. Esta columna, a su vez, era la que tenía el vínculo con un organismo legal que se creó y que fue cofundador de la coalición de izquierda Frente Amplio. Ese organismo se llamó Movimiento de Independientes 26 de Marzo, por la fecha en la que el Frente Amplio salió a la luz pública.

Los caminos del golpe de Estado.

La acción clandestina en territorio dominado por el enemigo es muy costosa y se tienen grandes pérdidas humanas y materiales. Ante la necesidad de rescatar de las cárceles la experiencia acumulada en los militantes que se encontraban en prisión, la dirección resolvió organizar fugas de prisioneros.

El 8 de marzo de 1970, fugaron de la cárcel de mujeres 8 compañeras por el portal de la capilla del establecimiento.Posteriormente, en la noche del 29 al 30 de julio de 1971, 38 militantes fugaron por un túnel realizado desde afuera por sus compañeros. Finalmente, por otro túnel que se excavó desde adentro de la cárcel de Punta Carretas, en la madrugada del 6 al 7 de setiembre de ese mismo año se fugaron 111 militantes. Si bien las dos fugas proporcionaron una militancia experimentada, también es cierto que recargaron a una organización clandestina con integrantes también clandestinos. La organización era clandestina pero sus integrantes en su mayor parte eran personas legales. Ante el intenso accionar de la organización el gobierno, con el apoyo del Parlamento decretó el Estado de Guerra Interno. Junto con esta medida se unificaron las fuerzas represivas. La Policía, que era la que tenía a su cargo la represión, había sido desbordada. Ahora con las fuerzas conjuntas ( el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea) se integraban a la represión con amplios poderes. Se aplicó la tortura generalizada como medio de obtener información. Hubo graves violaciones a los derechos humanos, capítulo que aún hoy, 1997, permanece sin cerrar. Como se había dicho anteriormente, el crecimiento acelerado que había tenido lugar después de la derrota de Pando no permitió una transmisión adecuada de las normas de funcionamiento clandestino, y por lo tanto la compartimentación, elemento clave de la seguridad, no se mantuvo con rigurosidad. La compartimentación debía mantener a la Organización dividida en compartimientos herméticos separados, de modo que si la represión destruía una parte, las otras no quedaban afectadas. No hubo tiempo de desarrollar en la nueva militancia la actitud, que es lo esencial en la compartimentación, el no querer saber más de lo necesario para funcionar. Con la aplicación generalizada de la tortura, la represión pudo lograr elementos informativos suficientes como para desarticular al MLN. No fueron apresados todos los integrantes y colaboradores pero sí una cantidad tal que el conjunto perdió toda capacidad operativa. La mayor parte de los dirigentes de los distintos niveles fueron apresados o muertos, y se perdió la capacidad de regeneración, pues acto seguido de la derrota se instauró la dictadura militar, que barrió con el conjunto del movimiento popular, partidos políticos de izquierda, sindicatos, etcétera. Muchos militantes y simpatizantes del MLN pudieron irse al exilio, contribuyeron de manera importante a la solidaridad, pero no lograron reorganizar al MLN.

Tal vez la consecuencia más dramática de esta desarticulación , en el año 1972 fue que se constituyó en condición necesaria para el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. La respuesta del movimiento obrero y popular fue una formidable huelga general con ocupación de los lugares de trabajo que duró quince días. Pero la fuerza del movimiento obrero ya estaba desprovista del apoyo militar que representaba el MLN, por lo que la dictadura cumplió con el diseño estratégico de su ofensiva, que jerarquizó el enfrentamiento con éste en un primer tramo de su avance, para luego caer sobre un movimiento popular inerme y carente de respaldo armado.

Durante todo el primer período de la dictadura, ninguna fuerza política tuvo presencia real -porque no fueron permitidos los partidos políticos, ni tan siquiera los de los representantes de la burguesía, los dos partidos conservadores del país, el Nacional y el Colorado-. La dictadura cívico-militar se fue desgastando, y además dejó de contar con el beneplácito de los Estados Unidos, agregado esto a que comenzó a gestarse, desde el comienzo de la década del ‘80, una resistencia sorda por parte del pueblo, todo lo cual hizo que los militares resolvieran replegarse en orden hacia los cuarteles. Hicieron un pacto con personeros de los partidos políticos y permitieron la realización de elecciones, que llevaron al gobierno nuevamente a uno de los partidos conservadores tradicionales del país, el Partido Colorado.



La reorganización.

Por la presión popular, el nuevo Parlamento aprobó una ley de amnistía, por la cual salieron en libertad todos los presos políticos. Los integrantes del antiguo Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, fueron convocados por los viejos dirigentes para discutir la pertinencia o no de la reorganización del MLN. Se realizaron tres plenarios consultivos que reunieron a unos 500 militantes. Esos plenarios facultaron a estas cabezas dirigentes a constituirse en una dirección provisoria, para convocar a todos los antiguos integrantes y simpatizantes para discutir los nuevos lineamientos políticos y resolver en una nueva Convención. Los presos habían sido liberados en marzo de 1985. Transcurrieron varios meses y en diciembre de ese año se reunió la Tercera Convención Nacional del MLN. En ella se establecieron acuerdos básicos, pero se hizo evidente que sería necesario un largo proceso de discusión y práctica social, para llegar a un conjunto de definiciones que sintetizaran las muy diferentes experiencias vividas por los militantes, en la cárcel, en los diferentes exilios y en el propio Uruguay. La Convención ratificó algunas definiciones establecidas en un encuentro clandestino realizado en 1968, que se le denominó Simposio. Esas definiciones se refieren a la utilización del Materialismo Dialéctico como herramienta científica para el conocimiento y transformación de la sociedad. Funcionamiento en el Centralismo Democrático, esto es, organismos de decisiones colectivas, responsabilidades individuales, supeditación de las minorías a las decisiones de las mayorías, distintos niveles de organismos con responsabilidad de dirección y, como elemento esencial, total democracia y participación en las instancias de toma de decisiones fundamentales y funcionamiento jerarquizado en las instancias de ejecución de tareas.

Se ratificó la concepción de continentalidad de la lucha, entendiendo que la liberación nacional de cada país dependiente será imposible sin una acción de conjunto por parte de los países dependientes. Entre otras resoluciones, también se aprobó un nuevo reglamento para el ordenamiento del funcionamiento político del MLN.

En general, los dirigentes de los partidos conservadores del Uruguay vaticinaron una corta vida a esta nueva aparición del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Este comenzó a desarrollar su tarea política. Hacia 1987, se iniciaron conversaciones con distintas personas y organismos políticos para ver si sería posible llegar a algunos acuerdos para un trabajo político conjunto. Esas conversaciones se prolongaron por espacio de más de dos años. Al final se lograron acuerdos que permitieron la conformación de un organismo político que se denominó Movimiento de Participación Popular (MPP), y que se definió como un movimiento de lucha por la liberación y el socialismo. Quiere decir que este movimiento no sería solamente de carácter electoral, sino de lucha política en todos los ámbitos posibles, también incluido el electoral. El Movimiento se presentó en las elecciones de 1989 logrando dos diputados. Actualmente, 1997, cuenta con dos diputados en la Cámara baja y un senador en la Cámara alta.

El M.L.N. hoy.

El MLN integra el MPP, como así también la coalición de izquierda Frente Amplio, porque considera que los instrumentos políticos tienen que ser diversos, para poder realizar la acción política en los diferentes ámbitos. El MLN sigue siendo una organización política relativamente cerrada, desde el momento que no se define como una organización de masas sino como una organización de cuadros y militantes. El aspirante a ingresar a ella, aparte de ser conocido y presentado por algunos de los integrantes del MLN, tiene que cumplir un proceso al cabo del cual y realizada una evaluación favorable, se integra como miembro pleno.

El MLN entiende que la lucha por la transformación profunda de la sociedad, esto es, una transformación revolucionaria, lo es no por los métodos utilizados, sino porque esa transformación abarcará todos los aspectos de la estructura social y será un largo proceso.


Esa transformación se irá operando a medida que el desarrollo social vaya conformando un nuevo tejido social, elaborando una nueva escala de valores, todo ello orientado hacia una nueva estructura , que tenga como centro las necesidades humanas de todo orden y en donde no exista la injusticia y la explotación del hombre por el hombre. Si bien se considera que en el fundamento último de la sociedad, está la forma cómo los integrantes de ella producen lo que necesitan para vivir, siendo que esas necesidades son valores de carácter histórico, o sea cambiantes en el tiempo, la transformación no se da de manera automática a medida que el ser humano va acumulando saber y experiencia, sino que hay una interacción permanente entre individuos y marco social.


Por ello, aunque los seres humanos están condicionados por el medio social en el cual han crecido, tienen un importante margen de maniobra, lo cual hace que el desarrollo social no sea lineal, en una sola dirección. Las civilizaciones desaparecidas son elocuente ejemplo de ello. Por lo tanto es necesaria la acción político-social para trabajar en el sentido del cambio social. Muy sintéticamente, eso es lo que fundamenta la actuación política del MLN. Su estrategia política es una estrategia defensiva de acumulación. Esto es así porque la correlación de fuerzas es desfavorable para el movimiento popular. Esa acumulación se entiende en varias direcciones: en aumento numérico de voluntades dispuestas a la lucha, en organización, en experiencia, en avances en el campo de la teoría, etcétera. Esa acumulación además tiene que operarse también en el plano internacional, con otras fuerzas progresistas y revolucionarias de otros países, pues el MLN nunca ha pensado que pueda ser posible el socialismo en un solo país. Se ha definido desde su aparición en la década de los sesenta, por la lucha prolongada. Manteniendo siempre su definición de lucha por los intereses de las clases explotadas, es partidario de todas aquellas alianzas políticas que sin contravenir aquel principio, permitan avances en ese sentido. El MLN no rechaza ningún método de lucha política, entendiendo que la metodología está condicionada por la coyuntura histórica.

No es una organización política electoralista, sin embargo participa en la lucha electoral, pero sin adjudicarle la principal importancia, considerándola un frente más. No considera los sistemas políticos establecidos, aún aquellos en los cuales se realizan elecciones, como verdaderas democracias. Para el MLN no existe la democracia como enunciado general. Han existido en el proceso histórico diferentes tipos de democracia. La democracia como la entiende el MLN, tiene por lo menos tres dimensiones: la política, la económica y la social. Con esto se quiere significar que los pueblos y no ciertas castas dirigentes, tienen que ser los que tomen las decisiones más importantes que afectan sus destinos.

Cuáles mecanismos participativos lo harán posible, será creación que surgirá en el proceso de desarrollo de la práctica social y no una elaboración de laboratorio político. El MLN considera que en el siglo veinte se han realizado importantes experimentos sociales a gran escala, sin embargo aún no se han encontrado fórmulas eficaces de participación social. La división de la sociedades en clases con intereses antagónicos es el escollo principal, por lo tanto es requisito indispensable la eliminación de las clases, que tienen una antigüedad de por lo menos 5.000 años. Es una tarea gigantesca.

Fuente: http://www.oocities.org/guerrillasenlatinoamerica/tupamaros.htm

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