martes, 27 de mayo de 2014

Historia y cuestiones principales de la España republicana

Historia de la Segunda República Española

Celina Ribechini


La tarde del 13 de abril de 1931 al conocerse el resultado de las elecciones municipales, celebradas la víspera, en Madrid la gente se echó a la calle demostrando su entusiasmo. Obreros, empleados y estudiantes abandonaron sus ocupaciones para vitorear a la República. Se expresaban sentimientos de ilusión y de esperanza, de dejar atrás un régimen caduco que no presentaba soluciones a los grandes problemas que exigía la sociedad, que aportara conciencia social, tolerancia y lucha por la libertad.

En Eibar a las siete de la mañana del día siguiente la bandera tricolor ya ondeaba en el balcón de su ayuntamiento. Era el primer municipio que proclamaba la República. Al anochecer de ese mismo día el nuevo régimen se hacía realidad en toda España. Su Majestad el rey, Alfonso XIII, abandonaba Madrid.
A la República se le presentaba un difícil cometido. Tenía ante sí muchos frentes abiertos: un Ejército poderoso, una Iglesia estatal influyente y latifundios que hacían difícil la existencia de una sociedad progresiva y democrática. Desde el primer momento contó con la oposición y la presión de las fuerzas de una derecha conservadora que consideraba que el cambio suponía una tragedia que conduciría a España a la revolución social, y de una izquierda radical que veía en el nuevo régimen un gobierno anticuado, reliquia de un proceso histórico.

Por ello la euforia que despertó su pronunciamiento tuvo su contrapartida. La Iglesia lo consideró como una desgracia. La mayoría de clérigos y obispos reaccionaron con pesimismo ante una República celebrada en las calles por el pueblo. De igual parecer eran los terratenientes ennoblecidos y muchos industriales y financieros con título nobiliario. Perdieron de golpe al rey, su fiel protector, al que muchos de ellos abandonaron como abandonaron a España poniendo a buen recaudo sus capitales, retirándolo de sus cuentas bancarias para asegurarlo en el extranjero. Mientras los trabajadores de la tierra que poblaban las zonas de latifundios de Andalucía, Extremadura y La Mancha movilizados por socialistas y anarquistas bajo la bandera del reparto y la colectivización mostraron al principio una notable confianza en que la República sería capaz de liquidar los excesivos privilegios de clase. No obstante no iba a pasar mucho tiempo sin que serios disturbios rompieran el orden público y socavaran las esperanzas de quienes pusieron sus esperanzas en el nuevo régimen.

El primer choque serio lo tuvo el gobierno republicano con la jerarquía eclesiástica de la Iglesia española. A pesar de las advertencias recibidas desde el Vaticano que recomendaba a los obispos españoles: “que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común”, el cardenal Segura, entonces arzobispo de Toledo, Primado de España, el 1 de mayo publicó una pastoral en la que hacía un caluroso elogio del destronado Alfonso XIII, “quien a lo largo de su reinado supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores”.

Pero estas declaraciones que tensaban las relaciones entre la Iglesia y el Estado se complicarían aún más con los acontecimientos sucedidos en Madrid entre el 11 y 12 de mayo. Días antes el marqués de Luca de Tena se había entrevistado con Alfonso XIII en Londres. A su regreso ultimó con otras personas la creación de un Círculo Monárquico Independiente en Madrid. En el periódico ABC se publicaba su apertura e inauguración en un local sito en la calle de Alcalá 67. En el acto tomaron la palabra diversos asociados. Los ánimos se caldearon. Se puso un disco con la Marcha Real los más exaltados salieron al balcón dando vivas al Rey y lo prosiguieron en la calle lo que propició la réplica de un taxista que fue agredido por los monárquicos. El numeroso público que volvía entonces del concierto dominical del Retiro se posicionó a favor del taxista terminando en una fuerte reyerta de manifestación popular con la consecuencia de la quema de varios de los coches de los monárquicos allí reunidos.

Al correr la tarde las cosas se fueron complicando. Varios centenares de personas se dirigieron hacia el del edificio del ABC en la calle Serrano con ánimo de asaltarlo. El ministro de la Gobernación, Miguel Maura, dio órdenes a la Guardia Civil para que protegiese el edificio y se produjo un choque violento. Varios manifestantes resultaron heridos por armas de fuego y muertos el portero de una casa situada frente a ABC y un muchacho de trece años.

La indignación popular subió a tal punto que, poco después, más de 5.000 personas se concentraban en la Puerta del Sol frente al ministerio de Gobernación pidiendo la dimisión del ministro y la disolución de la Guardia Civil. Toda la noche permanecieron en la plaza grupos dispersos. Aún hoy es el día que se sigue sin poder aclarar de quien partió la iniciativa, pero muy de mañana ardía el convento de los jesuitas de la calle de la Flor junto a la Gran Vía, continuando los incendios a otros conventos e iglesias en Madrid. En Levante y Sur de España se propagó una explosión de ira anticlerical que afectó a cerca de un centenar de edificios eclesiásticos que fueron incendiados. En algunas provincias la violencia se dirigió también hacía periódicos que representaban a la oligarquía y a casinos y círculos recreativos considerados como centros de reunión de “señoritos”.

El significado principal de esos acontecimientos es que se produjeron al mes escaso de proclamarse la República y que en la memoria colectiva de muchos católicos quedaron grabados como el primer asalto contra la Iglesia por parte de una República laica y anticlerical, un ensayo general de la catástrofe que se avecinaba. La actitud del Gobierno provisional fue tachada de tibia, para algunos la República estaba en manos de ateos y masones. Lo sucedido tuvo graves consecuencias, perturbó conciencias y puso fin a la ilusión y al júbilo con que se había recibido al nuevo régimen que sólo podía mantenerse si disponía de una base social y una legitimidad democrática.

Se hacia urgente dotar a la República de una Constitución. El Gobierno provisional convocó elecciones generales a Cortes Constituyentes que dieron comienzo el 28 de junio. Tras tres meses de debates la Constitución quedó finalmente aprobada el 9 de diciembre de 1931. Nacía con la oposición de la derecha no republicana, que se propuso desde el primer momento revisarla o, desde la visión de sus grupos más extremistas, echarla abajo. Se eligió presidente a Niceto Alcalá Zamora, un ex monárquico católico que encargó a Manuel Azaña a que formara gobierno.

La mayoría de los diputados asistían a las Cortes por primera vez. Entre ellos había intelectuales, periodistas, profesores, abogados, obreros y tres mujeres: las republicanas Clara Campoamor y Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, (las mujeres podían ser elegidas aunque no podían votar).


Aquellas Cortes fueron las que elaboraron la primera Constitución republicana de la historia y a ello dedicaron todas sus energías. El texto que salió de sus deliberaciones definía a España en su artículo primero como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los poderes emanan del pueblo. La República constituye un Estado integro, compatible con la autonomía de los Municipios y de las Regiones”. Se declaraba también la no confesionalidad del Estado, se introducía el matrimonio civil y el divorcio y se prohibía el ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Tras acalorados debates se otorgó el voto a las mujeres defendido por la diputada del Partido Radical Clara Campoamor, que chocó con el temor de los no pocos republicanos de izquierdas, incluida Victoria Kent, a que las mujeres influidas por el clero beneficiara el voto a la derecha.

Se iniciaba una etapa de profusa actividad legislativa en la que se acometió la reorganización del ejército, la separación de la Iglesia y el Estado y se tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad agraria, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral y la educación pública. Nunca en la historia de España se había asistido a un período, tan intenso de cambio y conflictos, de logros democráticos y conquistas sociales, como el que realizó la República española en su primer bienio.

Sin embargo, las viejas clases dirigentes, los propietarios y las gentes de orden, desplazadas del poder por el nuevo régimen, reaccionaron de forma enérgica y contundente, al mismo tiempo que las clases trabajadoras que encabezaban los anarquistas en sus protestas y movilizaciones aparecieron en el escenario público como poderosos contendientes, dificultando toda acción política llevada en el Parlamento, .

El gobierno tuvo que afrontar una serie de huelgas y estallidos revolucionarios de una hostilidad implacable desplegada por la CNT frente a una República burguesa. Pero no sería éste el único movimiento ni el más potente que obstaculizó su consolidación y su proyecto reformista. Quienes habían sido desplazados de las instituciones del nuevo régimen reaccionaron muy pronto e intensificaron sus ataques al gobierno, obstinándose en llamarlo socialista, pese a que el PSOE sólo tenía tres de los doce ministros. Argüían que el Estatuto de Autonomía concedido a Cataluña era el primer paso para desintegrar España y consideraban que el mejor modo de evitarlo era una conspiración al estilo tradicional que contara con el apoyo de varios militares. El general Sanjurjo parecía el más indicado para ello y sería el encargado de encabezar una sublevación destinada a salvar la unidad de España y traer de nuevo al Rey. El levantamiento tuvo lugar el 10 de agosto de 1932 pero fracasó. Sanjurjo huyó a Portugal. Apresado antes de llegar a la frontera, juzgado y condenado a muerte el 24 de agosto, el gobierno conmutó su pena por la de cadena perpetua.

Los años 1932-33 estuvieron marcados por numerosas huelgas y motines que pusieron en evidencia el grado de división de la izquierda. Azaña no quería dar la impresión de que su gobierno era blando y tomó responsabilidades sangrientas, resuelto a mantener el orden frente a todos los que le hostigaban bien fueran de derechas como de izquierdas. Los anarquistas consideraban que se había vendido a los capitalistas, mostrándose más severo con los explotados que con los explotadores. El ala más dura de la CNT ganó peso y la FAI aumentó su influencia. La combatividad de los campesinos impresionaba a los más moderados. Los incidentes más graves se produjeron en la provincia de Cádiz en la aldea de Casas Viejas, donde los campesinos se sublevaron y mataron a cuatro guardias civiles. Llegaron refuerzos policiales con la Guardia de Asalto para reprimir el motín, que dieron por finalizado a excepción de una casa donde se atrincheró un viejo anarquista apodado “Seisdedos” con su hijos, sus nietos y dos amigos. La Guardia de Asalto incendió la casa, ametrallaron a los ocupantes que intentaron huir y ejecutaron sumariamente a una decena de braceros.

Se produjo entonces una ofensiva sobre Azaña. La oposición contra él y su mayoría parlamentaría iba creciendo. Los intelectuales derramaban lágrimas ante una realidad demasiado alejada de sus sueños. Las decepciones de Ortega y Unamuno llenaban columnas en la prensa., asimismo una mayoría de la población, tradicionalmente católica, se mostraba defraudada por la política del Gobierno que, excesivamente obsesionado en restar poder a la Iglesia, el 2 de junio de 1933 ratificaba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, una ley constitucional exigida por el artículo 26 de la Carta Magna de 1931 y en la que se especificaba la aprobación de la incautación de los bienes de la Iglesia por el Estado y la prohibición en sus colegios de toda enseñanza ajena a su propia doctrina.

Las medidas totalmente anticlericales del texto generaron apasionados debates y enfrentamientos. Los católicos, incluida la revista progresista Cruz y Raya dirigida por José Bergamín, vieron en ella una clara violación de la justicia y la libertad. Los enemigos de la República la utilizaron muy bien como arma ideológica ante una clase media asustada ante el viraje que tomaba el régimen y fue motivo para que en buena parte de España la izquierda perdiera las elecciones en noviembre de aquel año.



Pero tanto en la derecha como en la izquierda se seguía con interés e inquietud lo que sucedía en el extranjero. Los socialistas se dieron cuenta de que la amenaza fascista era real, de ahí su decisión de oponerse por todos los medios a la llegada al poder de los “fascistas” españoles encarnados según ellos en Gil Robles, un joven abogado que lideraba la CEDA, Confederación de Derechas Autónomas, y en cuyo programa estaba revisar la Constitución, derogar la leyes laicas (matrimonio civil, divorcio) y fomentar medidas destinadas a promocionar familias numerosas, la mujer en el hogar, la educación cristiana etc., proponiendo la vuelta a una sociedad rural y tradicional en la que el clero recuperara su autoridad perdida.
Se sucedieron unos meses de continuas crisis parlamentarias. En octubre de 1934 la CEDA retiraría su confianza al gobierno centrista y exigiría participar en el mismo. Alcalá Zamora, que no quería disolver las Cortes, accedió a la propuesta y encargó a Lerroux la formación de un nuevo gobierno que incluyó a tres ministros de la CEDA. La derecha no republicana pasaba a gobernar la República con el más histórico de los partidos republicanos. Los republicanos de izquierda lo consideraron como una traición y los socialistas anunciaron su revolución. Ya nada volvería a ser como antes.

El comité revolucionario de los socialistas, entre los que se incluían Largo Caballero y Prieto, en la noche del 4 al 5 de octubre de 1934 daban orden de huelga general. A pocos minutos de marcar los relojes la medianoche cesaron todas las actividades de trabajo en las principales capitales de España. En varias regiones la huelga se convirtió en revolución. En Asturias las milicias obreras se apoderaron de Oviedo y fundaron una efímera “República socialista”. Los generales López Ochoa y Franco fueron los encargados de la contraofensiva. Se trajo dos regimientos de la Legión y a los regulares marroquíes. Estas tropas apoyadas por la aviación y la armada emprendieron la “reconquista”. El ejército topó con una gran resistencia y hubo de tomar Oviedo calle por calle. El 19 de octubre fueron reducidos los últimos rebeldes. Los revolucionarios tuvieron que dispersarse por aldeas y montañas. Los instigadores reales o presuntos de la insurrección fueron procesados. Algunos habían huido, como Prieto exilado en París. Largo Caballero pasó un año en prisión. Companys, presidente de la Generalidad de Cataluña, fue condenado a 30 años de cárcel. Azaña, detenido el 8 de octubre, sería puesto en libertad dos meses después por falta de pruebas.

Se decretó el estado de excepción, lo que permitió una violenta represión social: se restauró la pena de muerte y se impuso la censura, obreros despedidos, salarios disminuidos, se clausuraron las Casa del Pueblo. La Cortes suspendidas reanudaron su apertura el 6 de noviembre sin que participaran los partidos de izquierda. La derecha creía llegado el momento de poder exigirlo todo.

La CEDA de Gil Robles propugnaba una nueva Constitución más autoritaria pero los grupos de extrema derecha exigían más. Convencidos de que no se podía esperar absolutamente nada de la democracia y que tratar de obtener el poder por medio del sufragio universal era una pérdida de tiempo, en diciembre de 1934 forman el Bloque Nacional presidido por José Calvo Sotelo, en el que figuraban entre otros el duque de Alba, el conde de Rodezno, el dominico Padre Gafo, Lequerica, Areilza, Ansaldo….

Pero no sólo los componentes del Bloque Nacional sino también los tradicionalistas se reorganizaban en contra de la República. En San Juan de Luz funcionaba una Junta militar carlista y, desde Estoril Sanjurjo mantenía relación constante con Fal Conde. Asimismo conspiraba la Unión Militar Española, un grupo de generales hostiles al régimen. Por su parte la Falange era partidaria de la insurrección.



Las crisis gubernamentales fueron la tónica general de aquel año de 1935. En el Gobierno, formado en mayo, la mayoría de los ministros no eran republicanos, representaban a la oligarquía castellana, a la jerarquía eclesiástica y a los hombres de negocios. Todo entraría por fin en su orden, indemnizaciones por las expropiaciones ejecutadas en 1932, compensaciones a las empresas que verían aumentar sus beneficios al igual que los bancos los suyos; todo esto unido a la política represiva del Gobierno en relación con los sucesos de octubre produjo un efecto contrario y la izquierda comenzó a recomponerse. Prieto hizo campaña a favor de un entendimiento con los republicanos progresistas. El Partido Comunista propuso una concentración popular antifascista. Lo mismo que en Francia se avanzaba hacia la formación de un Frente Popular.

Mientras la izquierda se organizaba la coalición gubernamental se descomponía, a ello vino a contribuir el escándalo en que se vio implicado Lerroux con el asunto del estraperlo, un juego de ruleta eléctrica inventado por unos dudosos personajes Strauss y Perlowiz, al que denominaban con la abreviatura de sus nombres “Straperlo” y que mediante soborno a altos cargos de Partido Radical, algunos de ellos parientes del mismo Lerroux, lograron introducirlo en España y ponerlo en funcionamiento en varios casinos. El escándalo saltó a la opinión pública, se quiso echar tierra al asunto pero Alcalá Zamora se opuso. Desacreditados Lerroux y sus amigos radicales tuvieron que renunciar a sus cargos. A finales de diciembre se forma un nuevo Gobierno. El 8 de enero de 1936 las Cortes quedan disueltas. Las elecciones legislativas serían convocadas para el 16 de febrero.

La campaña se desarrollo sin incidencias pero con gran violencia verbal entre izquierdas y derechas. En el País Vasco los nacionalistas no quisieron aliarse con la derecha española y presentaron sus candidaturas por libre, disputándose el voto entre tres listas: Frente Popular, PNV y derechas.

Por tercera vez en cinco años las elecciones constituyeron una gran sorpresa. El resultado favorable al Frente Popular, al que se le concedía escasas posibilidades de éxito, sembró de pánico a las derechas que no estaban dispuestas a dejar el poder ni a renunciar a ninguno de sus privilegios. Una vez conocidos los resultados comenzaron las conspiraciones. Estaban convencidos que España se dirigía hacía el caos y que iba a sobrevenir una revolución comunista. Se produjeron choques entre grupos armados y corrió la sangre. Los sucesos más graves tuvieron lugar el 12 de julio. Al anochecer un teniente de la Guardia de Asalto, Castillo, fue asesinado. Sus camaradas decidieron tomarse inmediata venganza. Secuestraron a Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, le mataron de un tiro y dejaron su cadáver en el cementerio de la Almudena. El 17 de julio estallaba la sublevación militar.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=143042 



Los gobiernos de derecha y el Frente Popular. El periodo de los derechos que nunca se tuvieron en España

Josep Fontana
 
La actuación del primer Gobierno de la Segunda República española, presidido por un terrateniente católico e integrado por ocho liberales moderados y tres socialistas, se encaminó desde el primer momento a asegurar el desarrollo constitucional y a adoptar medidas de emergencia para paliar los efectos de una crisis económica agravada por la inepta política de la dictadura del general Primo de Rivera. Un Gobierno de predominio liberal no dudó entonces en publicar medidas de intervención, como las leyes de términos municipales, de laboreo forzoso, de prórroga de arrendamientos y de asentamientos colectivos, o la implantación de la jornada de ocho horas para los jornaleros.

Como dijo Azaña, “la obra legislativa y de gobierno de la República arrancó de los principios clásicos de la democracia liberal”, pero en las cuestiones económicas, por muy liberal que se fuese, era necesario intervenir para hacer frente a las consecuencias de la crisis mundial, en unos momentos de paro y de conflicto, en especial en la agricultura. “Con socialistas ni sin socialistas ningún régimen que atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas podía dejar las cosas en la situación que las halló la República”.

Pero los cambios que permitieron mejorar la condición de la población trabajadora procedieron menos de las leyes mismas –la de reforma agraria, por ejemplo, promulgada en septiembre de 1932, llegó a 1936 sin resultados significativos, puesto que, como dijo Camilo Berneri, “se aplicó en dosis homeopáticas”– que de un cambio de apariencia nada espectacular, pero de consecuencias trascendentes, en las reglas del juego social.

La derecha recortó salarios y persiguió a sindicalistas en 1933 al volver al poder

En el campo, por ejemplo, se acabó con la relación tradicional de fuerzas que permitía a los propietarios, con la colaboración de los funcionarios, de la Guardia Civil y de los jueces, desvirtuar o neutralizar las leyes reformistas que se publicaban en los años de la monarquía (que haberlas las hubo, aunque sus consecuencias fuesen escasas). Al comienzo, los propietarios vieron la llegada del nuevo régimen con tranquilidad, puesto que estaban acostumbrados a que cambiasen los gobiernos en Madrid, mientras seguían controlando su entorno local. Comenzaron a alarmarse cuando vieron que los campesinos se organizaban para reivindicar sus derechos sin que la Guardia Civil se lo impidiera, como en el pasado; fue así como los jornaleros pudieron mejorar sus salarios y sus condiciones de vida.



Que esa política fuese acertada lo demostró que sirviera para evitar la extensión a España de la crisis económica mundial. Los índices económicos españoles de estos años muestran descensos moderados o estabilidad. La renta nacional creció y las mejoras salariales, consecuencia de la libertad de acción sindical, permitieron aumentar la capacidad de consumo de la población, generando un crecimiento interior desligado de la coyuntura internacional. Nada hubo en España que se pareciera al desastre de la gran recesión en Estados Unidos o en Alemania. Cuál fue la actitud de las derechas españolas hacia estos cambios lo muestra todavía un libro publicado en 1998 –e insisto en la fecha para que no se crea que se trata de un panfleto de la Guerra Civil– en el que cuando se enumeran las razones que movieron a Pedro Sainz Rodríguez a colaborar con la insurrección fascista, se nos da esta descripción de los horrores de la República: “Se obligaba a los terratenientes a roturar y cultivar sus tierras baldías, se protegía al trabajador de la agricultura tanto como al de la industria, se creaban escuelas laicas, se introducía el divorcio, se secularizaban los cementerios, pasaban los hospitales a depender directamente del Estado...”. O sea, el bolchevismo.


Por eso, cuando las derechas llegaron al poder en 1933, los terratenientes y los caciques reafirmaron de nuevo su autoridad: recortaron los salarios (en Córdoba, el de la recogida de las aceitunas bajó de 6,50 a 5,75), se suspendieron las reuniones de los jurados mixtos y las leyes de términos y de laboreo forzoso se infringieron impunemente. Los campesinos que se habían afiliado a un sindicato o se habían distinguido como partidarios de la izquierda sufrieron toda clase de persecuciones, expulsándolos de los lugares en los que trabajaban y negándoles la contratación como jornaleros. Eso sucedió en Andalucía, en Cuenca –donde los trabajadores de Barajas de Melo se lamentaban de que “cuando pedimos trabajo, el alcalde nos dice que ‘comamos zarzas y república”–, en Ciudad Real –donde los de Solana del Pino aseguraban que “para perseguirnos, prefieren dejar la tierra sin cultivar antes que dárnosla a nosotros”–, en Toledo, donde, según explica Arturo Barea, a fines de 1933 los propietarios comenzaban a echar a todos los que se habían afiliado a un sindicato “y a no dar trabajo más que a los que se sometían a lo de antes”.

La izquierda aceptó su derrota en las urnas en el 33; la derecha no lo hizo en el 36

Otra muestra del cambio profundo que introdujo la conjunción republicano-socialista en la política española la tenemos en la práctica del sistema electoral. Las elecciones de 1933 fueron, en 120 años de historia parlamentaria española, las primeras que perdió un Gobierno que las hubiera convocado. Este aceptó su derrota y cedió el poder a la oposición de derechas. Cuando esto sucedió por segunda vez, en febrero de 1936, las derechas se dispusieron a recuperar el poder por la fuerza, volviendo a una tradición histórica en que las elecciones no eran más que una farsa.

Nadie ha expresado mejor que Antonio Machado, en un texto publicado el 14 de abril de 1937, lo que vino a significar, como una profunda ruptura en la historia española, la actuación del Gobierno provisional de 1931: “Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el del porvenir. Para estos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y estos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.




La evidente confrontación entre las clases privilegiadas y las clases populares

Carlos Gutiérrez

Cuando el 14 de abril de 1931 las elecciones municipales traen la victoria de la izquierda, y las clases populares, de modo masivo, salen a las calles e imponen la instauración del régimen republicano no nos encontramos ante un hecho aislado, casual o ante un “golpe de fortuna” para los intereses de nuestro pueblo, sino que estamos ante un triunfo que se ha ido fraguando en un largo proceso de luchas y de construcción de unos valores y de un proyecto alternativo de sociedad. Todo el siguiente período reflejará, de modo muy evidente, la pugna entre la mayoría social –los trabajadores, los campesinos, y capas progresistas de la pequeña burguesía-, y la minoría, la oligarquía propietaria y sus organizaciones políticas y sociales.

Desde el primer momento, las capas populares se verán impelidas a una lucha sin cuartel para que esa naciente república sea capaz de llevar a cabo las tareas que se encontraban inscritas en el código, aún no plasmado, político y programático, que habían ido elaborando durante un largo período de la historia de nuestro país. Las fuerzas de la reacción, agotado su caudal de legitimidad por la degeneración del régimen monárquico, decidieron que no era nada inteligente oponerse al cambio y que, al contrario, era mejor tratar de navegar sobre él y convertirlo en un producto desnaturalizado que nada tuviese que ver con el auténtico republicanismo. Su objetivo es que el cambio sirviese, cambiando eso sí, la forma de estado, para no cambiar nada.


Una república, ¿sin republicanos?

Resultan realmente de un simplismo y de una miopía política difícilmente superables, aquellas interpretaciones de la génesis de la Segunda República Española que pretenden resolver su nacimiento acudiendo a argumentaciones que hablan de un régimen de conveniencias, en el que se pone en el mismo plano a izquierdas y a derechas, y en el cual la lucha política entre ambas tendría como objetivo la destrucción del estado republicano. Más grave aún, es la pervivencia, aunque en ámbitos ultraminoritarios y sectarios, de la explicación –defendida en la época por el PCE- de que la república era un inmenso freno y una tragedia para las aspiraciones revolucionarias de nuestro pueblo. La república habría sido “un regalo” de las clases dirigentes que lo usaban como celada para desarmar y neutralizar las aspiraciones de las clases populares.

Los que entendemos el republicanismo no solamente como la defensa de un modelo de estado sino como un movimiento que pretende la intervención de las masas en la política para instaurar una democracia que devuelva la capacidad de decisión a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, pensamos que el nacimiento mismo de la Segunda República supuso un acto de autodeterminación, de recuperación de la soberanía, y , por lo tanto, de voluntad clara e inequívocamente republicana por parte del pueblo español. Las elecciones de abril de 1931, en las que fue fundamental el abandono del absentismo electoral por parte de los obreros, especialmente los que sostenían posiciones anarcosindicalistas, constituyeron un inmenso acto de afirmación de las masas en su voluntad de cambiar las cosas y tomar bajo su mando sus propios destinos. Estas elecciones fueron, simple y llanamente, la expresión de la voluntad del movimiento. De todos modos, el camino no había hecho otra cosa que empezar.



El movimiento que consiguió la proclamación de la República -nadie le hizo un regalo- se había ido desarrollando de un modo laborioso y dilatado en el tiempo, no lo olvidemos, al menos desde el siglo XIX. La composición del citado movimiento, era en nuestro país original y claramente diferenciada de los que protagonizaron procesos parecidos en otros países de Europa. España era un país abrumadoramente agrario y de un desarrollo industrial extremadamente asimétrico. Así, por ejemplo, junto a unas regiones en las que el desarrollo industrial era pujante, como Catalunya, en otras la propiedad latifundista con relaciones sociales semifeudales era mayoritaria. En este marco, en nuestro país se desarrolla un potente movimiento anarquista y anarco-sindicalista que tiene una expresión muy importante no sólo en el ámbito industrial sino en el agrario. El siglo XIX en Andalucía, fundamentalmente en su segunda mitad, presenta toda una sucesión de movimientos insurreccionales, sublevaciones y toma de tierras, todo ello incluso, antes de la llegada de los bakuninistas. La ideología del nuevo movimiento era anarquista; o, para darle un nombre más preciso, comunista libertaria. Su programa político era republicano, y antiautoritario; es decir, que concebía un mundo futuro en que la aldea o la ciudad se autogobernase siendo una unidad soberana .1

En el caso catalán, la pujanza de la industrialización de principios del siglo XX había constituido una clase obrera, en muchos casos llegada de otros puntos del país, que, dada su composición: reciente pasado campesino, pobreza extrema y su sensibilidad a las acciones “ejemplares”, era extremadamente permeable a los principios de la acción directa2 .La creación de la CNT, sobre la base de un sinfín de experiencias previas de autoorganización bajo principios libertarios y de sindicalismo revolucionario, supone un paso adelante en la organización del proletariado catalán que aborda una etapa de luchas que, pese a sufrir importantes derrotas por medio de la represión y la implantación de la dictadura de Primo de Rivera, sabrá mantener vivas sus estructuras y su capacidad de movilización y lucha. En Catalunya, también, se produce una crisis agraria debida a la desnaturalización de sus relaciones sociales3. La desamortización del siglo XIX había producido un notable empeoramiento en las condiciones de los contratos de cultivo y el malestar de los campesinos les había llevado a organizarse en la Unió de Rabassaires i altres Conreadors del Camp de Catalunya en 1922, bajo la presidencia de Lluis Companys. Su gran objetivo era conseguir para el campesino unos derechos mínimos y una cierta seguridad sobre la tierra.

Hay una tercera parte constituyente de gran importancia para la construcción de ese movimiento destinado a cambiar el orden de cosas existente –democrático y republicano-, es el de tradición socialista y proveniente de los modelos organizativos de la II Internacional. Esta corriente política había tenido un mayor desarrollo en el norte del país y en lugares de Castilla y el centro de la península.

La adhesión a la Segunda Internacional no solo había traído consigo la opción por el modelo parlamentarista de la socialdemocracia alemana sino que había, también, aportado una determinada manera de construir “sociedad alternativa”. La teoría de “los dos mundos”4 del SPD alemán se ponía en práctica en nuestro país. Las Casas del Pueblo y toda la red de organizaciones ligadas al Partido Socialista: sindicatos, cooperativas, comedores comunitarios, centros de alfabetización y extensión cultural, organizaciones de autodefensa ante ataques fascistas y de la patronal, etc., ayudaban a tejer un entramado en que los obreros adherentes a este partido eran capaces de vivir una suerte de “sociedad paralela” en la que se iban asentando unos valores muy distintos de los que tradicionalmente eran impuestos por una educación dominada completamente por la Iglesia Católica.

Todos estos procesos –que sufren diversos avatares, con victorias y derrotas sucesivas, que se organizan y reorganizan ante la adversidad- y que, son distintos entre sí, y, en cierto modo, complementarios, fueron soldando una fuerte conciencia de que era posible abordar un cambio, la práctica diaria enseñaba que esas microexperiencias de contrapoder y de autogobierno democrático podían ampliar su ámbito de acción y tenían la capacidad de devenir en un proyecto alternativo válido para todo el país.

Las condiciones estaban dadas, existía una fuerte conciencia y un proyecto alternativo (republicano) de las masas. El régimen, que había conseguido temporalmente la abstención política de los trabajadores, se hallaba embarcado en una guerra colonial suicida en la que se traficaba con las vidas de los trabajadores que eran los que nutrían mayoritariamente las filas del ejercito. La corrupción llegaba a tales extremos que en Marruecos muchos oficiales amañaban con los jefes de las cabilas avances espectaculares, a cambio de, más tarde, dejar a los cabileños que asaran a tiros a alguno de sus soldados, repartiéndose luego los oficiales españoles medallas y ascensos5. ¡Así labraron su carrera algunos militares africanistas como Francisco Franco!. El hartazgo por una guerra que era considerada por el pueblo como inútil, las condiciones de extrema miseria que se seguían viviendo en el campo español y el duro golpe que supuso para la pequeña burguesía los efectos en nuestro país de la crisis del 29 hicieron el resto.


La lucha de los republicanos por su proyecto

Como afirmaba en la introducción, la vida de la II República nos presenta una lucha sin cuartel entre aquellos que querían difundir los valores republicanos y aplicar el programa que había llevado al pueblo a fundar una república y los que pretendían servirse de ella –ante el fracaso irremediable de la monarquía- como medio para perpetuar los privilegios y el dominio de los de siempre. La república española tuvo desde el primer momento al enemigo dentro de casa. Los procesos revolucionarios o que pretenden cambiar de raíz las cosas son, parafraseando al filósofo marxista italiano Domenico Losurdo, procesos de aprendizaje. En el caso de nuestro país las lecciones se aprendieron demasiado tarde y –al margen de explicaciones simplistas basadas en tal o cual o traición- la experiencia terminó en derrota.



La misma fecha histórica del 14 de abril señala un momento de pujanza de uno de los dos contendientes, el popular, que consigue movilizarse masivamente, con la fundamental participación anarcosindicalista, para superar el tradicional caciquismo que falsea los resultados electorales a través de la compra masiva de votos en el ámbito rural. Cuando se quiere minimizar la victoria de las izquierdas en abril del 31 circunscribiéndola a las ciudades, no está de más recordar que sólo en éstas se daban unas condiciones mínimas para el desarrollo de una elección realmente democrática.

Ya desde la redacción de la Constitución republicana se manifestó la discrepancia y la potencia de unos poderes que no querían dejar de serlo. El texto constitucional, extremadamente progresista, aunque, tal como afirmó el presidente de la comisión parlamentaria redactora, el socialista Jiménez de Asúa “no socialista, pero de izquierdas”6, produjo una convulsión de tal calibre que culminó con un cambio de gobierno, la salida de éste de Alcalá Zamora y Maura, y la formación de otro presidido por Azaña. Este texto constitucional, estrechamente inspirado en la constitución de Weimar, proclamaba “una república democrática de trabajadores de toda clase”, concentraba todo el poder en una sola cámara, blindaba los derechos democráticos, consagraba la igualdad entre los dos sexos, afirmaba la laicidad del estado (acabando con el monopolio de la Iglesia en la enseñanza) y limitaba el ejercicio del derecho a la propiedad al interés público. Queda bien a las claras expuesto que un texto así no podía ser aceptado por los que tradicionalmente habían detentado el poder.

El contraataque antirrepublicano empezaría muy pronto y se produciría en diversos frentes. El 7 de mayo de 1931 el cardenal Segura publicaba una carta que era una verdadera declaración de guerra a la República, en nombre de la “defensa de los derechos” de la Iglesia frente a la “anarquía”. Por otro lado el frente militar-policial, cuya estructura había sido dejada prácticamente intacta por el gobierno republicano, no deja de conspirar y practicar la represión ante cualquier manifestación o huelga que supere los límites de lo que ellos puedan considerar permitido. Esta permanencia de la represión y la impaciencia de amplios sectores populares por ver concretadas unas medidas realmente progresivas provoca la radicalización y la acentuación de los enfrentamientos. En 1932 el intento de golpe fallido de Sanjurjo es un primer toque de atención al régimen republicano sobre lo que se cuece en su interior.

El más grande retroceso para la construcción de una República basada en el programa popular tiene lugar con la victoria de las derechas en 1933. La falta de percepción de cambios reales: no concreción de la reforma agraria, crisis económica e inestabilidad política, la falta de unidad en las izquierdas y el boicot por parte de los sectores anarcosindicalistas, inauguran un período, el llamado Bienio Negro, en el que se intentará abordar la destrucción de todo lo que de progresista había conseguido hasta el momento la República. Cualquier atisbo de reforma agraria es paralizado y, por el contrario, se aprueba una ley de contrarreforma, se paraliza el programa de construcciones escolares, se suspende el Estatuto de Catalunya, se establece la censura, se cierran locales de sindicatos y se persigue la actividad sindical.

La dinámica experiencia de las Alianzas Obreras, organismos estos ampliamente unitarios que nacen para oponerse y parar la contrarrevolución, se inscribe en la multitud de procesos que empiezan a fraguarse, con expresiones de lucha directa como la insurrección de Octubre, para romper las trabas que impiden la continuación de la aplicación del programa popular. El pacto del Frente Popular, por moderada que pueda parecer su concreción programática, supone la culminación de esos procesos unitarios y la herramienta por fin hallada para intentar, y conseguir, derrotar a la reacción. Los Frentes Populares no son concebidos meramente como alianzas electorales sino que pretenden constituirse en eje vertebrador de las clases subalternas7. Jorge Dimitrov en el informe político al VII Congreso de la Internacional Comunista afirma: “la propaganda y la agitación política por sí solas no pueden suplir en las masas la propia experiencia política. Éstas deben comprender cuanto antes y por su propia experiencia lo que deben hacer”8. De la justeza de la táctica frentepopulista baste el ejemplo de que su paladín, el Partido Comunista, pasó, rápidamente, de la más absoluta marginalidad a ser el partido más influyente.

Ya conocemos el resto de la historia: la lucha por el proyecto de los pobres, de los demócratas, en definitiva de los republicanos, fue derrotada, pero para derrotarla fue necesaria la fuerza de un ejército bien entrenado y apoyado por las potencias fascistas internacionales. El golpe del 18 de julio fue un fracaso gracias a la resistencia de un pueblo que no se resignaba a quedarse anclado en la historia y luchaba por su libertad. Que nuestro pueblo en armas resistiese tres años constituye un hito histórico de difícil parangón. Ejemplos tan hermosos y generosos de solidaridad internacional como el de las Brigadas Internacionales demuestran que la lucha era trascendental y mereció la pena, las derrotas nunca son definitivas.



La importancia de la cuestión agraria

El éxito o el fracaso de la II República se jugaba –en un país eminentemente agrario como el nuestro- en su capacidad de resolver esta cuestión. La desamortización de principios del siglo XIX, si bien había conseguido acabar con la Iglesia como principal propietaria, no había tocado los latifundios privados y, por el contrario, había liquidado la mayoría de las tierras de propiedad comunal con lo que había sumido a una gran parte de la población campesina en la más absoluta pobreza.

Los campesinos, la capa social abrumadoramente mayoritaria, trataron, en los meses que siguieron a la proclamación de la República, de conquistar la tierra. Fueron sistemáticamente reprimidos por la guardia civil y el resto de cuerpos policiales. Para calmar esta reivindicación campesina, se esgrimió una reforma agraria paulatina que nunca se llevó a cabo definitivamente, y que sirvió en realidad para que las fuerzas reaccionarias ganasen tiempo9.

Un ejemplo muy significativo de la centralidad de la cuestión agraria lo constituye la aprobación por parte de la Generalitat de Catalunya de la Llei de Contractes de Conreu (Ley de Contratos de Cultivo). Esta ley, que pretendía dar más seguridad a los campesinos pobres, establecía la duración mínima de los contratos de arrendamiento en seis años y daba la oportunidad para que fueran renovados a “voluntad del labrador”, fue acogida con gran hostilidad por parte de los grandes propietarios que consiguieron que en 1934 fuera anulada por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El parlamento catalán vuelve a aprobar la ley al día siguiente, con pequeñas modificaciones, pero desde el gobierno central se paraliza toda la reforma agraria y la Ley de Contratos es anulada10. Está ley no será puesta en vigor hasta la victoria del Frente Popular11.

Una de las claves de la derrota de la República estaba servida: la principal medida que iba inscrita en ese programa popular, no explícito, que facilitó las posibilidades de la proclamación del régimen republicano no había podido ser aplicada. El bloque popular luchó por la consecución de la tierra, pero la potencia de los sectores de la oligarquía y la falta de visión de los políticos republicanos propició el fracaso. En palabras de Maurín: “El reparto de la tierra, creando una capa de pequeños propietarios –que es lo que hizo la Revolución francesa a fines del siglo XVII y la mejicana a comienzos del siglo XX- hubiera asentado la República sobre bases inconmovibles12.


La lucha por la III República


El peor favor que podríamos hacer a todos y todas los que lucharon y dieron sus vidas por el proyecto republicano, sería aproximarnos a su experiencia histórica desde una perspectiva meramente nostálgica o basada en las lamentaciones por la gran ocasión perdida. La lucha por la III República no puede ser entendida sin el estudio de la experiencia de la Segunda y sin que seamos capaces de recoger todo el caudal de experiencias que unos años tan intensos aportaron al bagaje político-cultural del movimiento republicano.

Desde la seguridad de la necesidad democrática y social de fundar un régimen republicano, basado en el programa popular, el proceso que culmine con la proclamación de la III República no será ni calco ni copia de las otras dos experiencias republicanas que existieron en nuestro país. Sólo a través de la experiencia de aprendizaje en la lucha del movimiento real es posible que se vayan construyendo los modos de organización y que, a su vez, avance el proceso de liberación que cree las condiciones para la aplicación del programa popular.



Las enseñanzas de las experiencias republicanas habidas en nuestro país son muchas: la principal de ellas es que la República no es sólo un modelo de estado, y que sólo será posible su triunfo si es capaz de responder a las expectativas y aplicar las medidas inherentes al movimiento que la propugna. Las fuerzas de la reacción, antirrepublicanas, intentarán confundir y atribuirse –como hacen con el concepto democracia- un falso republicanismo que tendrá por objeto destruir todos los auténticos valores de este modo de gobierno, terminando por acabar con la República misma.

Otra de las cuestiones clave que nos tiene que servir en el empeño de la construcción de la futura República consiste en tener muy claro que sin un largo proceso de elaboración de una cultura y un modo de vida alternativos –basados en valores republicanos-, y sin la construcción de organismos populares en los que a través de la práctica de la democracia de base se vayan urdiendo los ejes políticos de un programa que plantee un profundo cambio en nuestra sociedad, no será posible abordar seriamente el objetivo de la lucha por la República.

Muchas de las tareas –casi todas- que abordó la Segunda República hace más de setenta y cinco años están aún pendientes. Los largos años de noche y niebla del franquismo enterraron a nuestro país en un pozo político y cultural del que el llamado proceso de “Transición política” no rescató realmente. Nuevamente se consiguió por parte de las clases dominantes que cambiando todo no cambiase realmente nada. Recuperar el hilo rojo republicano de nuestra historia y abordar un cambio profundo es el reto que tenemos por delante las generaciones actuales. La República debe realizar el proyecto del pueblo.




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